La audiencia de pacto de cumplimiento realizada ayer en el proceso de la acción popular interpuesta por los habitantes del conjunto residencial Calasania I, en contra de la constructora Lérida CDO, fue declarada fallida por la juez Claudia Patricia Otálvaro.
La comunidad esperaba que en la diligencia la constructora ofreciera una fórmula de pacto para solucionar los problemas con las grietas y la inestabilidad que presenta la edificación de 210 apartamentos. No obstante, los apoderados de CDO manifestaron que no presentarían ninguna oferta.
Con respecto a la decisión, la asesora jurídica de la empresa, Ilean Arboleda, prefirió guardar silencio. En cambio, John Jairo Echeverri, el abogado de los propietarios, manifestó: "No entendemos por qué la constructora sigue ocultando los problemas que existen en la unidad, si hay estudios técnicos que sustentan los temores de los habitantes".
Por su parte, el administrador de la urbanización, Samuel Rey, informó que "los residentes están en pánico colectivo por vivir en el sitio. La gente me llama en la madrugada para decirme que oye crujidos y que hay peligro de que la unidad se desplome".
El proceso continuará con la práctica de pruebas, como lo decretó la jueza Otálvaro. Según el abogado Echeverri, iniciaría la próxima semana.
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