La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a nueve funcionarios y exfuncionarios del Incoder e Igac, señalados de adjudicar irregularmente terrenos baldíos en Sucre.
Entre los capturados, según la Policía se encuentran directores de áreas y gerentes regionales del Incoder y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Entre ellos Adalberto Bula, propietario de la hacienda Mata de Corozo (Amanza Guapo); Alexandra Lozano, gerente jurídica de gestión en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), David Andrés Gómez, actual director territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Sucre, José Ignacio Lacouture Armenta, exsubdirector Cartografía (Incoder) y Manuel Gabriel Cipagauta Benincure, profesional especializado de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
"Se puso al descubierto una organización señalada de defraudar al Estado mediante la titulación y adjudicación de unos predios baldíos cenagosos, ubicados en San Marcos (Sucre)", indicó el director de la Policía, general Rodolfo Palomino.
Los funcionarios que fueron capturados en Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba) y Bogotá, son señalados por entregar irregularmente varias hectáreas a un solo particular para la explotación ganadera.
"Se creó una red de corrupción de trabajadores gubernamentales (notarías y oficinas de registro e instrumentos públicos del departamento de Sucre), que recibía dádivas con el único fin de elaborar y agilizar el deslinde de terrenos baldíos de propiedad del Estado, y mediante la alteración de los informes y escrituras públicas, se favoreció la titulación a personas de un alto nivel económico", indicó Palomino.
Y agregó "los trabajadores entregaron al señor Adalberto José Bula Bula, más de 500 hectáreas del predio denominado Ciénaga Amansa Guapo, con lo que amplió su propiedad a 914 hectáreas para la cría de ganado y búfalos. La defraudación al erario público por esa adjudicación ascendería a 46 mil millones de pesos".
La Policía agregó que la persona beneficiada no cumplía los requisitos exigidos por la Ley agraria 160 de 1994, porque su patrimonio familiar superaba los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes con el agravante que era poseedor de otros predios rurales.
Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción y omisión.
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