La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión al excongresista César Pérez García por su responsabilidad en la masacre de Segovia, en la que murieron 43 personas.
Esa corporación emitió la condena al encontrar a Pérez, de 78 años, culpable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y lesiones personales, por su participación en la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988 mientras el dirigente era representante a la Cámara por Antioquia.
Pérez García, quien permanece recluido en la cárcel Picota de Bogotá, fue señalado de participar en la masacre con el propósito de preservar su influencia política en la zona.
Según las versiones que hacen parte del material probatorio que sirvió de sustento para la condena, Pérez habría pedido a los jefes paramilitares Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez, que se encargaran de disminuir los alcances de la izquierda en ese municipio en donde existía un marcado apoyo a la Unión Patriótica.
Durante el juicio en su contra se recogieron testimonios que apuntaban a que Pérez no solo ordenó la matanza, sino que colaboró activamente en la creación del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño.
El testimonio de Alonso de Jesús Baquero, alias "Vladimir", fue determinante para establecer la relación entre Pérez García y los autores materiales de la masacre. Según Baquero, excomandante del bloque Magadalena Medio de las Autodefensas, el dirigente habría pedido la colaboración de los paramilitares para recuperar su fortín político en esa zona del departamento de Antioquia.
El excongresista ya había sido investigado por la Fiscalía como autor intelectual de la masacre, pero el plazo para juzgarlo prescribió en noviembre de 2008. Sin embargo, la Corte Suprema retomó el caso luego de que a fines de 2009 encontró relación entre sus actividades como congresista y los móviles de la masacre, además de considerar el caso como un crimen de lesa humanidadr.
Tras la determinación del alto tribunal, Pérez fue capturado en Medellín en julio de 2010. Ante esa corporación, el excongresista aseguró que desconocía los detalles de los testimonio recolectados por la Fiscalía y se declaró inocente.
Las investigaciones de la Fiscalía en las décadas de 1980 y 1990 sostenían que la masacre habría sido cometida en venganza por la derrota a manos de la Unión Patriótica que sufrieron sus aliados políticos en las elecciones para alcaldes de marzo de 1988.
