La justicia lleva mucho tiempo en crisis, y aunque hay prácticamente unanimidad sobre la urgencia de reformarla para mejorarla, ni los políticos, ni los gobiernos, ni la propia judicatura, han permitido que el problema se solucione.
Los puntos en los que podría haber un consenso mayoritario, sin limitar esta propuesta a una lista cerrada, son los siguientes:
1) No más poderes electorales para las altas cortes. Los magistrados que deberían estar ocupados en depurar la jurisprudencia como tribunales de última instancia, se contaminaron de clientelización y avidez burocrática.
2) Reforma integral del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Administrativa debe dar paso a la Gerencia de la Rama Judicial, sin magistrados y sin competencias jurisdiccionales. La Sala Disciplinaria no será elegida por el Congreso, y su competencia se circunscribirá a procesos disciplinarios de jueces y abogados y a dirimir conflictos de competencia de jueces y tribunales. No resolverá tutelas.
3) La acción de tutela deberá volver a los cauces tan claramente definidos en el artículo 86 de la Constitución. Habrá juzgados especializados de tutela en primera instancia, y salas especiales en los Tribunales Superiores. La Corte Constitucional conservará la competencia para seleccionar tutelas de especial interés en aquellos asuntos en los que no haya jurisprudencia unificada.
4) El sistema de selección de jueces y magistrados buscará la excelencia, la experiencia y el mayor conocimiento jurídico posible. El Congreso no tendrá competencia para elegir magistrados. Para ser juez o magistrado habrá una exigencia mínima de promedio académico en Facultades de Derecho con acreditación de calidad. Para ser magistrado de alta Corte habrá una edad mínima de acceso de 50 años, y la de retiro se extenderá a 70, con ternas de la carrera judicial, las propias cortes y las facultades de Derecho con acreditación de calidad.
5) La justicia penal es esencial en la lucha contra la impunidad. Hay que poner en marcha la carrera judicial y fiscal para que sean los más capacitados, en todas las instancias, los que investiguen y juzguen. Revisar toda la normatividad penal (sustantiva, procesal y de ejecución penal) para adaptarla a las necesidades del presente. Ajustar el Código de Procedimiento Penal para que funcione un verdadero sistema acusatorio de partes, oral, simplificado.
6) Eliminar la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Debe haber un tribunal especial para funcionarios con fuero, con doble instancia y tiempos definidos e improrrogables de actuación.
Hay muchas instituciones en crisis, y la justicia se ubica en ese marco general de desarreglo institucional. Pero sin ella, ninguna de las otras podrá iniciar un nuevo camino sin caer de nuevo en corrupciones, ineficiencias y alejamiento del ciudadano.
HAY QUE EMPEZAR POR LO ELEMENTAL: QUE LOS JUECES FALLEN PRONTO Y BIEN
Por ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Ministro de Justicia y del Derecho
Lo de la reforma a la justicia se convirtió en un estribillo, una expresión obligada. Desde que me conozco se habla de reforma constitucional como reforma a la justicia, todos los gobiernos por lo menos desde 1950 han querido hacer una.
Lo que hay que conseguir es el que funcione lo elemental: que los jueces fallen pronto y bien. Por eso he dicho que la principal reforma en Colombia es aquella que conduzca a que los jueces cumplan los términos. Si uno toma los códigos de procedimiento y mira en cuánto tiempo se deben adelantar los procesos, en ninguno de ellos aparece que sea más de dos años. Lo que hay que preguntarnos es por qué los jueces no pueden cumplir los tiempos.
Hay que mirar la formación de los jueces, empezando por la proliferación de las facultades de Derecho, sin control del Estado sin exigencias de calidad. Qué tipo de abogados estamos formando. La mayoría de los funcionarios judiciales tienen en la cabeza que lo importante no es fallar si no procesar. Ahí hay que establecer el examen de Estado para que los abogados puedan ejercer.
El cambio permanente de legislación hace que no tengamos un sistema jurídico simple, confiable y eficiente. Los jueces muchas veces no saben qué norma aplicar.
