Por considerar que el ex congresista Jairo Enrique Merlano Fernández no hizo parte de las Auc y que las pruebas aportadas por la Fiscalía no fueron lo suficientemente contundentes para condenarlo, la juez tercera especializada de Bogotá decidió absolver a este, uno de los primeros congresistas señalados de tener nexos con los paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación ya anunció que apelará este fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, pues en su criterio, en el caso de Merlano, contrario a lo que afirma la juez, sí existen pruebas tajantes que -según el ente investigador- lo relacionan directamente con grupos armados ilegales.
Entre tanto, los abogados de Merlano adelantan los trámites que le permitan que su defendido salir de la cárcel La Picota de Bogotá lo más pronto posible. De la misma manera se declararon listos para afrontar lo que venga en el proceso.
Así las cosas, Jairo Enrique Merlano, investigado por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad agravada por presuntamente haber organizado, promovido, armado o financiado grupos armados al margen de la ley, gana el primer pulso en los estrados judiciales.
Dos años de litigio
El proceso judicial contra Jairo Merlano comenzó el 18 de octubre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió abrir formalmente un proceso penal en su contra por sus presuntos vínculos con la conformación de grupos paramilitares.
Con esta misma decisión fueron cobijados los entonces congresistas, Alvaro García y Erik Morris. Estos fueron los tres nombres que inauguraron el proceso de la parapolítica.
Merlano fue el primero en notificarse de la medida en su contra. Ese día dijo no conocer a ningún jefe paramilitar y advirtió que nunca tuvo reuniones secretas con miembros de grupos armados ilegales. "Lo juro. Espero que me notifiquen para asumir mi defensa", señaló.
Sin embargo, un mes más tarde -el 9 de noviembre-, el Alto Tribunal profirió medida de aseguramiento en contra de Merlano, García y Morris Taboada ante las evidencias que en concepto de la Corporación los comprometerían con las autodefensas.
Según la investigación, "Rodrigo Cadena" y "Diego Vecino", quienes comandaban el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, habrían promovido la campaña de Merlano para el Senado en las elecciones legislativas de 2002, particularmente en el municipio de San Onofre, Sucre.
Pocos días después de conocer esta decisión, Merlano Fernández se entregó a las autoridades en las instalaciones de la penitenciaría del municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca.
El senador uribista adoptó esta determinación cuando el Gobierno Nacional aumentó a 75 millones de pesos la recompensa por información que permitiera dar con el paradero del congresista.
Un caso particular
El caso de Merlano siempre fue particular, no sólo por ser uno de los primeros congresistas capturados, sino porque renunció a su investidura como congresista para que la Fiscalía, y no la Corte Suprema de Justicia, fuera la que lo investigara.
Cinco meses después el ente investigador profirió resolución de acusación contra el ex senador, al establecer que las razones de su defensa en las que reclamaban el archivo del proceso no eran lo suficientemente contundentes, por eso lo acusó por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento electoral.
En esta decisión, del 30 de mayo de 2007, la Fiscalía calificó a Merlano como "parte del andamiaje paramilitar y que constituía una importante pieza política" del bloque de las Autodefensas Héroes de los Montes de María.
Además el ex senador fue señalado por haber utilizado la presión paramilitar en las elecciones de Congreso en 2002, en las cuales esta agrupación armada adelantó una manifestación política en el municipio de Plan Parejo, Sucre, donde obligaron a habitantes del a votar por Merlano para el Senado, al igual que por su fórmula para la Cámara, Muriel Benito Rebollo. Esta última se acogió a sentencia anticipada meses después. Hoy está recluida en la penitenciaría el Buen Pastor.
En ese momento todo estaba listo para el comienzo del juicio de uno de los primeros parapolíticos, cuando la Corte ordenó el traslado del proceso de Sucre a un juzgado especializado de Bogotá.
La decisión se adoptó luego de que el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, le solicitara al Tribunal que el ex senador fuera juzgado en Bogotá, debido a su preocupación por la "falta de garantías" para adelantar el juicio en la capital de Sucre.
Cinco meses más tarde comenzó en firme el juicio al dirigente político. De éste hicieron parte 9 testimonios considerados las claves para demostrar la inocencia de Merlano. Entre ellos se destacan: el jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias "Diego Vecino"; Salvatore Mancuso; el coronel Rafael Colón Torres, comandante de la Brigada del Ejército en el departamento de Sucre; Alfonso Uribe Cotera; Antonio Mendoza; Nasly Ucross Piedrahíta; Germán Amaya; Teresa Merlano; Pedro Pablo Sierra; dirigentes y funcionarios de corporaciones públicas en Sucre, entre otros.
Hoy, 21 meses después de permanecer tras las rejas de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, Merlano Fernández espera salir confiado en que la misma suerte correrá ante los magistrados de Tribunal Superior de Bogotá, donde su proceso tendrá un segundo capítulo.
Sólo resta que el ex congresista cancele los nueve millones que como caución le puso la juez.
