La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión a María Patricia García, a quien encontró responsable por el asesinato de su hijo de dos años de edad, producto de un golpe en la cabeza.
Con esta determinación la Corte negó los argumentos del abogado de la mujer, quien pretendió beneficiar a María Patricia con el argumento de que la intención nunca fue la de matar al niño.
Este argumento no fue de recibo para la Corte al considerar que cuando los padres castigan a sus hijos, hasta ocasionarles la muerte, no pueden alegar que lo hicieron accidentalmente, pues ellos deben conocer los riesgos a los que someten a sus hijos.
“La condición de ser humano, la mayor de edad de la madre, el instinto de vida y de conservación de la especie le permiten (a los padres) dimensionar perfectamente los resultados del castigo”, dijo la Corporación al rechazar las manifestaciones de ingenuidad argumentadas por la madre.
“¿Cómo no advertir que con golpes contundentes propinados en la cabeza de un niño de dos años se le puede ocasionar la muerte?”, se pregunta la Corte.
“La gravedad e intensidad de los golpes y sus graves consecuencias no permiten deducir otra cosa diferente a que en este caso se incurrió en homicidio agravado”, señalo el alto tribunal al imponer la condena.
Argumentos
En este como en otros casos, los antecedentes de maltrato también le sirvieron a la Corte para adoptar su determinación, pues según el expediente el golpe que le causó la muerte al pequeño de dos años, adoptado por la condenada, eran repetidos en su convivencia.
En este caso, añade el Alto Tribunal, la madre asumió de manera conciente el riesgo del resultado de los continuos castigos, los mismos que en muchas oportunidades sobrepasaron la capacidad del cuerpo del niño.
Estas fueron las razones que le permitieron a la Corte Suprema concluir que la madre adoptante conocía perfectamente lo desmedido de sus golpes. Por ello, y a pesar de que la mujer lo llevó a un centro asistencial donde finalmente perdió la vida, no fue tenido en cuenta como un atenuante de la pena.
Finalmente, y ante la crueldad del hecho, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investigue por qué la Fiscalía encargada mantuvo inactivo el proceso durante un largo tiempo.
