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Parece obra imposible, pero no: 580 funcionarios tienen a su cargo 56 áreas protegidas con 12 millones de hectáreas y ahí siguen firmes en su misión. Es más: en camino hay otras áreas para proteger.
Es el trabajo que realiza Parques Nacionales Naturales y que fue reconocido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con el Premio Fred Packard a Julia Miranda, directora de PNN de Colombia, y a Antonio Martínez, director del Parque de Paramillo.
Y ¿cómo están los Parques? Julia Miranda responde que “el sistema está bien, pero no hay duda que tiene muchísimas amenazas y muchas fortalezas, y es reconocido a nivel internacional”.
En general están en buen estado de conservación según revelan las imágenes satelitales de la cobertura vegetal y por la información de los guardaparques.
La gran amenaza, sin embargo, es el uso inadecuado del suelo, por tenencia legal o ilegal de la tierra, pero que genera un conflicto con la ley, pues lo permitido es conservación, educación, investigación y ecoturismo.
“No están permitidas ni ganadería ni agricultura y eso se da en muchos parques no solo por invasiones de hace mucho, como en la Amazonia y Paramillo, y por propiedad privada que hay adentro desde la declaración”. Hoy no se declaran con propiedad privada adentro.
Los Parques son inalienables, imprescriptibles e inembargables como lo manda la Constitución. También se reconoce que existe tala ilegal y usufructo no permitido de la fauna.
Hoy se ejecuta un programa para comprar esas tierras velando por la atención integral a esas personas con entidades como Incoder, Acción Social y las Gobernaciones.
En ese sentido, empresas privadas han aportado
Lo que viene
Colombia es de los países con una legislación más completa en materia ambiental. Eso se refleja en el compromiso para establecer áreas de protección.
Aunque en la región continental se cumplirá con el Convenio de Diversidad Biológica al cual está suscrito el país, no así en las zonas marinas que están más atrasadas.
“En términos de extensión cumplimos la meta: tenemos 12,5 millones de hectáreas”.
Más que en la cantidad de hectáreas que deben agregarse, se trabaja en definir áreas nuevas y apoyar a las Corporaciones Autónomas para que declaren sus áreas protegidas, que son el complemento de los Parques Nacionales.
“La meta que nos pide el Convenio de Diversidad Biológica es que para 2020 al menos el 17 por ciento del territorio nacional tenga alguna categoría de conservación y se preserven esas áreas, y el 12 por ciento del área marina. En esta estamos muy quedados”.
Nuevas áreas
PNN tiene en análisis varios vacíos de conservación, con todo el sustento técnico, tanto en las costas Caribe y Pacífico como en el continente.
Son procesos lentos, largos, reconoce Miranda, que se trabajan con las comunidades y “se presentan a las demás entidades del Estado para ver si hay proyectos ahí, se hacen consultas con comunidades”.
Pero las noticias son positivas: “Tenemos la expectativa de poder declarar este año tres áreas marinas nuevas en el Caribe y trabajamos en la Serranía de San Lucas, en los humedales del Yarí, en la ampliación del Chiribiquete para que sea un parque de casi 3 millones de hectáreas. Estamos en consulta previa en todos ellos y avanzan”, aunque el camino no está exento de dificultades.
Parques tiene más recursos que antes, pero espera más. Así, la reforma tributaria podría ser una oportunidad. La Unidad presentó al Ministerio del Ambiente solicitud con varios instrumentos, para llevarlos a Hacienda y ver si se da curso a las iniciativas en el Congreso.
Entre las propuestas figuran incentivos a la conservación, “alguna tasa que nos acepte Hacienda para que entren recursos directamente para proteger las áreas protegidas”.
Con las áreas que existen se requiere duplicar los funcionarios: llegar a 1.100. Se ha hecho labor, pero hay mucho por hacer