Cuentas pendientes por pagar y por cobrar de 2010 e incluso de vigencias anteriores, decisiones administrativas sin soportes y errores en la facturación ha encontrado la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la intervención total que empezó desde el ocho de marzo pasado a la caja de compensación familiar Comfamiliar-Camacol.
Pero por ahora el superintendente Eduardo Augusto Benítez Maldonado, ni la directora Administrativa delegada, Carmen Lucía Zabala Jaramillo, se atreven a dar una cifra sobre el déficit que tiene la Caja, mientras continúa la auditoría a cada una de las áreas para consolidar un balance cierto de su realidad financiera.
Lo claro es que las mayores pérdidas de Comfamiliar-Camacol estaban en su EPS administradora de régimen subsidiado y hasta abril pasado ascendían a cerca de 3.000 millones de pesos, según Zabala, mientras que los otros programas acumularon un desbalance de 80 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año.
Poniendo la casa en orden
La funcionaria, quien también fue delegada por la Superintendencia Nacional de Salud para la liquidación de las operaciones como EPS del Régimen Subsidiado, afirmó que "sin seguir con salud, a hoy, la Caja es viable, en eso trabajamos. Los balances nos dan hasta ahora unas pérdidas que no representan la decisión de liquidar".
Y lo dice cuando acaba de terminar una nueva auditoria del Agente Especial de Intervención, Orlando Joven Cuéllar, para continuar depurando las cuentas y determinar cuáles deben pagarse, cuáles glosadas y determinar las deudas reales de la Caja.
"Hasta el 15 de junio pasado hubo plazo para que los acreedores presentaran sus cuentas y con base en eso consolidar todas las obligaciones de la Caja y determinar con qué recursos pagarlas y ponerla en mejor situación financiera", explicó el superintendente Benítez.
Mientras tanto, se congelaron las desafiliaciones para conservar las 1.600 empresas y 30 mil afiliados con que cuenta Comfamiliar-Camacol, sobre todo en Urabá donde la Caja tiene mayor presencia.
Esta medida, según la Supersubsidio, evita la competencia desleal, por el hecho de que la Caja esté siendo intervenida por el Estado.
Pero al margen de la decisión, Zabala reconoció que, si bien no ha habido un acercamiento formal por parte de otras Cajas para manifestarle un interés de quedarse con los afiliados de Comfamiliar, "uno nota, a través de su publicidad y mercadeo de que tienen ganas de fusionarse con nosotros", comentó.
Servicios normales
La Caja se puso al día con las obligaciones de cuota monetaria para los beneficiarios que ascendían a 1.800 millones de pesos, mejoró los niveles de atención y trabaja en fortalecer sus programas de vivienda, educación y recreación.
Para el segundo semestre la entidad abrió un fondo para mejoramiento de vivienda por 1.102 millones de pesos, está pendiente de la aprobación de la Supersubsidio para construir 400 soluciones habitacionales en Apartadó y ya firmó con la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) para ejecutar el mejoramiento de 8.000 viviendas del departamento, entre otros proyectos.
Con el Sena se ampliarán los cursos de formación en bilingüismo y se mejoraron los relacionados con tecnología y contabilidad. Y en recreación, se comenzará una remodelación de sus parques recreativos por 200 millones de pesos, recursos que saldrán de la venta de activos improductivos.
"Estamos empeñados en salvar la caja, siempre y cuando los usuarios continúen creyendo en nosotros y se apliquen las estrategias de mediano y largo plazo que estamos elaborando", concluyó Zabala.
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