Detrás de la nueva polémica en torno a un supuesto diálogo de paz del Gobierno con las Farc en Cuba está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien volvió a acusar a la administración Santos de traicionar la plataforma política que lo eligió.
En respuesta a su denuncia el Ministerio de Defensa desmintió que hay diálogos. ¿Se ratifica?
“La información que tengo es que el Gobierno tiene una nómina para negociar encabezada por Enrique Santos, hermano del presidente Santos y varios exgenerales, con una política contraria a aquella que lo condujo a su elección y que desmotiva más a las Fuerzas Militares. El Ministro de Defensa no niega que haya esos diálogos o que intentan hacerlos, lo que respondió es que no hay generales activos”.
¿Cuáles exgenerales han participado de estos acercamientos en Cuba?
“No voy a referirme con nombres. Pero insisto en que es muy grave, porque no solo se prevalece el afán de dialogar por encima de la seguridad nacional, sino que se está poniendo en el mismo nivel a los soldados y/o policías con los terroristas. La Fuerza Pública cumple con un deber de proteger a los ciudadanos de los grupos armados ilegales, como para decir que vayan y negocien guerrilleros y exgenerales que representan las partes en conflicto”.
¿Por qué su oposición a unos diálogos de paz con las guerrillas?
“El problema de este Gobierno es que desde un principio ha dejado de buscar la seguridad por buscar a toda costa un diálogo y eso ha contribuido a que aumente la capacidad de hacerle daño al país de los criminales. Lo único que se puede negociar con estos grupos terroristas son las condiciones de sometimiento a la justicia, así lo hicimos en nuestro Gobierno como en el proceso con las autodefensas. Llegaron a la cárcel y cuando incumplieron se extraditaron. En una democracia no se debe negociar la agenda política, económica ni la social. Eso le corresponde a las instituciones democráticas”.
Los presidentes tienen la facultad de buscar una salida negociada al conflicto y usted lo hizo. ¿No es legítimo que Santos lo haga?
“Hay una diferencia y es que hicimos que prevaleciera la política de seguridad sobre cualquier afán de diálogo. Encontramos que la administración de Pastrana impulsaba un proceso con el Eln en Cuba y la proseguimos con la condición de que se suspendiera la actividad criminal. No quisieron. Aceptamos continuar el proceso con los paramilitares a través de la Iglesia.
Nunca negociamos la agenda social, solo las condiciones de sometimiento a la justicia con la obligación de confesar delitos y reparar a las víctimas. El Gobierno hizo el esfuerzo de liberar a los secuestrados, pero condicionó el intercambio humanitario a que los que salieran de las cárceles debían renunciar a las guerrillas”.
¿Un sector del país está en desacuerdo con que usted cuestione una iniciativa reservada al Gobierno?
“Lo hago como ciudadano de Colombia preocupado por el deterioro que se vive en el país. Nunca hubo un Gobierno tan decisivo en la elección del siguiente, nunca habían acudido a las urnas tantos colombianos con la idea de darle continuidad a una plataforma política, basada en la Seguridad Democrática, la confianza inversionista, el Estado austero y la política social. Yo opino porque quiero a mi patria y mientras tenga energía lo seguiré haciendo”.
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