En eficacia y fortaleza de sus instituciones jurídicas es poco lo que el país ha avanzado.
Ha tratado de modernizarlas a través de reformas a la Carta, introduciendo nuevas entidades que respondan a la evolución del desarrollo y al avance del crimen y sus secuelas. Pero los efectos no han sido los mejores.
Hace 60 años se sostenía que "las instituciones no eran lo suficientemente fuertes para proteger a la ciudadanía, que veía ante la realidad de sufrir en carne propia, el impacto del discurso político".
Eran épocas de retaliaciones partidistas y de vindictas sectarias estimuladas por gobiernos recalcitrantes y oposiciones apasionadas.
Hoy podríamos agregar que las instituciones -multiplicadas a través de la Carta del 91- siguen siendo, si no tan débiles, sí poco efectivas para garantizar la presión de fuerzas extrainstitucionales muy poderosas que atentan, aprovechando la impunidad, contra la vida, honra y bienes de los colombianos.
La misma figura de la Tutela -que es quizá lo más positivo de todo este sartal de nuevas instituciones creadas por la actual Constitución- se ha venido distorsionando. El uso y el abuso que de ella se hace ha creado bastantes conflictos entre las altas Cortes, al admitirse su curso contra sentencias judiciales.
Con la corrupción e impunidad que tiene vigencia en el país, circular las ideas para construir Nación sólida y eficiente, no es fácil. Se hacen reformas consensuadas y discutidas. Se montan diálogos y mesas de trabajo para tamizar las más variadas, sensatas y audaces propuestas. Todo con la buena intención de darle solidez al sistema democrático para modernizarlo y acercarlo más al ciudadano.
Pero su estructura sigue débil. Unos cuerpos con pocos dientes. Y cuando muerden, siguen desgarrando la piel, más de los indefensos e ingenuos que de los habilidosos.
Los partidos tradicionales, sobre los cuales se fundamentaban las instituciones son ya recuerdos del pasado. Constituyen historias de terror o de novela rosa. Los partidos nuevos aportan poco, cuando no nada. Para ellos, la discusión con propósitos nacionales de contribuir a modelar un mejor país no existe. Están más desfigurados que las colectividades históricas. Están lejos de constituir alternativas reales y próximas de poder.
La convivencia nacional, fundamentada en instituciones sólidas y operantes es frágil. La presencia de poderosos grupos delincuenciales -en campos y ciudades- llenan espacios que debían colmar la justicia, las armas en manos legítimas y las libertades públicas. Aquellos mantienen en jaque permanente a un Estado vacilante, enredado en incisos y prejuicios que a veces parece batirse en retirada.
Si los partidos Liberal y Conservador se formaron bajo el humo de las guerras civiles del decimonónico, hoy vegetan en medio del desorden conceptual y organizativo, desbordados no sólo por los actores demenciales de un conflicto heredado y refinado en sus macabros actos genocidas, sino por la incapacidad ideológica y organizativa para proponer soluciones nacionales.
Hacer política se está volviendo nuevamente una temeridad por los riesgos azarosos que se corren.
Cerca del 50% de los municipios de Colombia -según denuncia del Ministro de la Defensa- han sido declarados en estado de alerta por los riesgos electorales. Esta no es la mejor carta para mostrarla ante las naciones civilizadas del mundo. Parecería que retornáramos a los ciclos de la violencia partidista, en donde se consideraba al contradictor como enemigo.
Es cierto que la economía se ha modernizado. Crece, aunque muy por debajo de naciones como Panamá, Argentina, Chile y Perú, entre otras. Hemos avanzado, aun cuando no lo suficiente, en ciencia, tecnología e innovación. La parte social es débil.
La inequidad es un deplorable trofeo. Y la política sigue sometida a instituciones frágiles, llenas de burocracia y escándalos éticos, poco efectivas, cuando no amedrentadas por poderosas organizaciones corruptas.
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