En decisión de segunda instancia, la Contraloría General de la República dejó en firme el fallo que declaró como responsables fiscales solidarios a los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva y Andrés Fernández Acosta, así como al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro – AIS, por cuantía de $12.985 millones.
También se ven afectados los exviceministros Fernando Arbeláez Soto y Juan Camilo Salazar Rueda, igual que algunos exfuncionarios del Ministerio, como Camila Reyes, Carolina Camacho, Nohora Beatriz Iregui y Mario Andrés Soto.
En el caso del IICA, adscrito a la OEA, la responsabilidad se deriva por los actos administrativos que ejecutó con recursos públicos sin cumplir el cometido pactado.
Gastos en publicidad
La Contraloría halló que los dineros que debían utilizarse en socializar y divulgar ciencia y tecnología al campesinado en el sector agrícola, los Ministros de Agricultura y el IICA los desviaron para contratar actividades de publicidad del programa Agro Ingreso Seguro. Y parte de los recursos sobrantes se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia, que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del exministro Arias.
El ente de control estableció que los programas impulsados en este convenio no lograron el efecto de transmitir conocimiento científico y tecnológico a los campesinos para estar mejor preparados para enfrentar los retos que les planteaban los tratados de libre comercio.
En la providencia No. 042 del 21 de abril de 2014, la Contraloría afirmó que al revisar las pruebas y declaraciones, así como los objetos de las subcontrataciones celebradas por el IICA con cargos a los convenios establecidos, "no se encuentra que con ellas se haya transmitido conocimiento científico y/o tecnológico al campesinado (...) y si por el contrario, es de notoriedad pública la insatisfacción del agro colombiano tal como quedó demostrado en los diverso paros y marchas".
Para la Contraloría General, la actuación "negligente e imprudente" del exministro Arias "ocasionó la pérdida de recursos públicos por valor de $12.115.262.256,33 del agro colombiano".
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