El pito ensordecedor de la corneta sacó del letargo a los habitantes de la orilla del Sinú. El bus, cargado de plátanos, yucas y gallinas, y pipetas de gas bamboleantes en el techo, llevaba unos cuantos pasajeros que viajaban a Montería a vender lo cultivado en tierra ajena.
Era como el génesis. Las criaturas escondidas entre maizales cobraron vida y llenaron el puerto de graznidos y ladridos que tuvieron respuesta por el eco de la llanura y se perpetuaron hasta que el vehículo, trasladado de orilla a orilla en un planchón de tablas enmohecidas, se perdió a través de caminos polvorientos.
Entre los pasajeros que iban en las sillas, medio sentados, medio acostados, donde algunos mostraban la escasez de sus dientes, viajaba Jorge Humberto*, un cordobés que dejó sus tierras al igual que otras 160.000 personas, entre 1989 y 2011, según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), obligados por la violencia de los fusiles.
Se bajó tranquilo, arropado con una ruana que ni el sol sofocante pudo descolgarle en el marasmo de las dos de la tarde y que lo hizo sudar a cántaros.
-Esta tierra es tan fértil que usted se queda parado y le nacen raíces- decía.
Jorge hablaba pausado. Medía cada palabra. Estaba flaco, y su pelo quieto y amonado se salía entre las hendijas de su gorra y el cuello húmedo de la camisa. Sobrevivió a la violencia paramilitar cuando finalizaba la década del 80, y huyó porque las autodefensas se enamoraron de su tierra y le quitaron la parcela nueve años después de regalársela. “Ese día llegaron a la finca varios hombres. Uno de ellos me dijo que el patrón necesitaba la tierra. Entonces tocó salir con mi familia y lo que tenía puesto”.
Entregar y volver a quitar
En la finca Santa Paula, Jorge dejó media vida. Su parcela era parte de un predio donado por la desaparecida Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcord, a 60 familias campesinas de Montería. Así consta en las escrituras del 30 de diciembre de 1991 que reposan en los anaqueles de la Notaría Segunda de esa ciudad. En el papel se prohibió a los labriegos “vender, hipotecar, limitar el dominio donado mediante escritura pública sin permiso de Funpazcord”.
Pero al correr el año 2000, cuentan las víctimas de Santa Paula, llegaron hasta sus tierras unos hombres reclamándoles los predios en compañía de Sor Teresa Gómez Álvarez, integrante de Fuzpancord, y que según fuentes de Inteligencia de la Policía fue una mujer que estuvo casada con Ramiro Castaño, hermano de Fidel y Carlos Castaño y “tuvo un parentesco con Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. Fue condenada a 40 años de cárcel por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Izquierdo, en el 2007. Ahora huye de la justicia”.
Con el despojo, los beneficiarios se enteraron de que Funpazcord era una fundación creada por los hermanos Castaño para hacer su propia reforma agraria, y cuando les decían que “el patrón necesitaba la tierra”, sabían que se iban o se morían. Muchos tomaron la primera opción.
Con la salida de los labriegos arribaron los testaferros recogiendo las migajas de tierra para hacer un emporio que los enriqueciera, y entonces las veredas se llenaron de temor, amenazas y asesinatos.
De las muertes dan fe las cruces regadas en los caminos de Córdoba; la fertilidad de sus tierras la refleja el verdor de los cultivos, escenario de juegos para los niños que se esconden entre las ramas.
Muchos de esos suplantadores siguen en los territorios reclamados, dilatando procesos de entrega de fincas y convirtiéndose en uno de los problemas que el Gobierno debe solucionar para la restitución.
Rodrigo Torres, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba, confirmó la presencia de estas personas que no permiten a los labriegos acceder a sus terruños.
“Hay factores que imposibilitan o causan temor a las víctimas al retornar. Dicen que no hay claridad sobre los que están realmente en sus predios. Aseguran que son testaferros que defienden las autodefensas o que se desmovilizaron”.
Denuncian corrupción
A la presencia de los despojadores en las fincas, se suman las denuncias de los reclamantes que sindican a algunos funcionarios públicos de ofrecerles dinero para que no inicien el trámite de restitución.
Bajo la sombra de un palo de mango, Luis* contó que hasta el portón de su casa campesina ubicada en la vereda Volcanes, en Tierralta, llegó un funcionario de la alcaldía de ese municipio. -Me ofreció dos millones de pesos para que no reclamara lo que fue mío por años y tuve que abandonar en 1998-.
El labriego esa vez no quiso denunciar a las autoridades. Dijo que una vez lo hizo y, dos días después, hombres armados lo dejaron medio muerto en plena carretera de su vereda, al arrastrarlo con un caballo.
Para confrontar la denuncia, este diario hizo ocho llamadas a la alcaldía de Tierralta para obtener la versión del mandatario Carlos Arturo Cogollo, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, la secretaria de Gobierno, Rocío Jiménez, quien argumentó que lleva 15 días en el cargo, dijo que desconoce la situación. “Me parece que es una acusación grave. No puede acusarse a una persona sin saber si eso es cierto. Esa gente puede ir a la Fiscalía a poner una denuncia o a la Personería donde se ponen la quejas contra funcionarios públicos, porque eso amerita una investigación y saber quién dice la verdad”.
En este tipo de casos, aseveró Rodrigo Torres, cuando se ven anormalidades en los trámites se le solicita al juez que compulse a la Fiscalía “para que investigue y determine la procedencia, si fue legal o no”.
A estas denuncias, y otras que se han hecho en el país, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, respondió que en varias regiones se adelantan procesos de investigación a jueces y funcionarios que, al parecer, han cometido fraudes. “En Córdoba estaremos pendientes para analizar las posibles irregularidades que se presenten”.
¿Tierra en manos de pocos?
María Eugenia Zabala es una de esas mujeres que venció la guerra. Así lo cree y así lo vive. Estuvo cara a cara con la muerte en 1989 cuando diez hombres armados llegaron a su finca en la vereda San Rafaelito, en Montería. Los hombres encapuchados sembraron el terror en la localidad. Dejaron una estela de muertos a su paso, y la familia de María Eugenia no fue la excepción.
“Llegaron alborotados, reclamando armas que no teníamos”, dijo. Con la gresca, su esposo Antonio Polo salió del cultivo y fue a la casa. Discutió con los hombres. Cuando el problema se hizo más grande, salió un tío en su ayuda, pero los hombres los asesinaron a los dos, a un hijo de María y a un sobrino de Polo.
“Le echaron candela a toda la casa. No se perdieron los animales porque el niño menor los soltó”, narró. La mujer enterró a sus muertos en el patio de la casa y salió sin nada. Volvió por ellos en el 2010, cuando en una exhumación de la Fiscalía, le entregaron sus seres queridos en pequeños cajones de madera.
Después de aquel episodio doloroso, María Eugenia volvió a empezar. Con otras 14 mujeres negociaron un predio con el Estado de 137 hectáreas. Debían pagarle al banco el 30 por ciento del valor de la deuda. No pudieron hacerlo. Lo que ellas calificaron como la improductividad del terreno las obligó a atrasarse en la deuda.
En Valle Encantado, como llaman sus parcelas, se acomodaron en pequeños territorios, contrario a las grandes extensiones de tierra de Córdoba.
“Tuvimos que meternos en los territorios a trabajar muy duro, mientras veíamos como otros se han enriquecido en las tierras que labramos”, afirmó María Zabala. La mujer expresó que sí hay grandes dueños de la tierra, y para los que tienen poca, las oportunidades son más escasas para salir adelante.
El Atlas de la Distribución Rural en Colombia, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), mostró que en Córdoba, 1.826.978 hectáreas son de uso privado agropecuario; es decir, el 94.48 por ciento de la tierra es para la actividad rural. En esa medición se señaló que del 38.49 por ciento de los terrenos (703.204 hectáreas aprox.), los dueños son apenas el 6.47 por ciento de los propietarios.
De la mediana propiedad, medida en el 43.64 por ciento (797.293 hectáreas aprox.) es dueña el 25.90 por ciento. En Córdoba, 1.500.497 hectáreas están en manos de unos pocos, mientras que 326.481 hectáreas hacen parte de la pequeña propiedad (microfundio y minifundio).
Pero el Sistema de Información Geográfica (SIC), de la Secretaría de Desarrollo Económico de Córdoba, indicó que el departamento posee un total de 2.502.060 de hectáreas, de las cuales 1.416.000 están dedicadas a ganadería; es decir, un 57 por ciento; 445.000 se destinan a lo agroforestal, lo que equivale al 18 por ciento; 150.000 se ocupan en agricultura, representando un seis por ciento.
En Córdoba, el Gini de tierras en 2009 alcanzó un valor de 0.749. Sin embargo, ese Gini no muestra un fenómeno prevalente allí: pocos propietarios con varios predios. La brecha entre el Gini de tierras y el Gini de propietarios es la sexta entre las más grandes del país y parece exhibir una tendencia creciente reflejada en el incremento en el número promedio de predios por propietario, de 1.36 a 1.41.
A eso se refería María cuando desde su casa en un barrio marginal de Montería dijo que la tierra debe ser para todos, “son hectáreas y hectáreas en la que descansan como 20 vacas”.
El señalamiento que hicieron María y otros campesinos sobre la tenencia y el uso de la tierra en Córdoba es para Alfredo García, presidente de la Federación Ganadera de Córdoba, Ganacor, injusto.
García enfatizó en que en el gremio de ganaderos “hay oportunidad para los habitantes del sector rural, en especial para todo el campesinado, sin desconocer que nuestro sector primario, la ganadería, no es una fuente potencial de generación de empleo”.
Para el representante de los ganaderos en Córdoba no hay latifundios porque “no es tal que existen grandes propietarios tenedores de tierra en nuestro departamento”.
Aun así, el último censo registrado por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en 2009, muestra que en Córdoba había para la época 2.053.803 bovinos en 26.728 predios, convirtiéndose en una de las principales actividades en la economía cordobesa.
“Somos campesinos y a uno le hace falta la tierra. Debemos volver a ella. Esa es una de las formas de hallar la paz”, expresó Zabala.
Al recorrer las extensas llanuras de Córdoba, este diario se topó con denuncias contra algunos ganaderos porque “se quedaron con la tierra, tuvieron relación con las autodefensas, y ahora con bandas emergentes”.
Pero Alfredo García, de Ganacor, advirtió que no conocen, en el historial de la Federación, “que ganaderos cordobeses de bien hayan engañado a campesinos para desplazarlos de sus tierras”.
En contrario piensa Rosmy Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, cuando afirmó que “algunos ganaderos, mas no algodoneros, sí han acrecentado sus haciendas con ayuda de la autodefensas”.
Señaló Rojas que las oportunidades para los campesinos de Córdoba que tienen que convivir con los latifundios y con una ganadería extensiva son pocas. Ni siquiera se presentan oportunidades laborales, dijo. “Lo que genera empleo, trabajo, es la agricultura y esta hoy se ve amenazada por los TLC que Colombia ha firmado con otros países”.
Allá están los armados
Maritza Salabarría habló fuerte. Esta morena aseguró sin titubeos sentirse sola en su lucha por recuperar Mundo Nuevo, la parcela que abandonó el 7 de noviembre de 1992 cuando 40 hombres armados llegaron a Nueva Esperanza, zona rural de Montería, y arrasaron con todo lo que se encontraron en el camino.
Los paramilitares quemaron el granero de su padre Emiro José Salabarría Gómez, y las 60 viviendas que conformaban el caserío. En ese acto desaparecieron al esposo de Maritza y se robaron 110 cabezas de ganado.
Contó Maritza que desde que salió de su tierra la ha acompañado la desgracia.
-Nos hemos desplazado por muchas partes del país, huyéndole a la violencia, a las amenazas de los que no quieren que retornemos-, relató.
En 1996 quisieron retornar a sus tierras a reclamar lo suyo. Pero lo que ella llama “fuerzas oscuras” desaparecieron a su padre. Al dolor de la pérdida de su viejo, se sumó la muerte de Juana Moreno, madre de Maritza, quien aseguró que su mamá murió de un infarto luego de la desaparición de su esposo.
Tras muchas luchas pequeñas, Maritza logró que el Incoder le devolviera dos de las cinco parcelas que reclama para su extensa familia de 46 miembros, bajo la figura de restitución y readjudicaión. Pero no puede retornar. En su territorio siguen los grupos armados que en otrora llenaron de dolor los campos.
En un episodio, María fue hasta su terruño acompañada de la Policía y sus hermanos. Sin terminar de hacer el recorrido, le llegó la amenaza de alias “Burro plomo” y otra persona. Ambos se identificaron como integrantes de “los Urabeños”. La amenaza fue acompañada de insultos. “Nos dijeron que no podíamos volver, que dejáramos de ser sapos”.
Además, las tierras que reclama Maritza Salabarría, tienen un enredo que el Estado debe desenmarañar. Algunas parcelas al parecer fueron adjudicadas por funcionarios del desaparecido Incora a particulares, argumentando que eran tierras abandonadas.
Hoy, muchos años después, las intimidaciones siguen llegando. “Ya no aguanto más. No tengo protección ni cómo trabajar, no puedo hacer nada y no tengo la ayuda del Gobierno que me abandonó”, relató Maritza.
El temor a los grupos armados es uno de los más grandes obstáculos para el retorno. Rosmy Rojas relató que en ciertas zonas aún permanecen gentes armadas en grandes haciendas. Según Ricardo Torres, de la Unidad de restitución de Córdoba, municipios como Puerto libertador, Tierralta Montelíbano y parte de Valencia, tienen problemas para iniciar los procesos de restitución “por el orden público, hay narcotráfico y presencia de bandas criminales”.
Además, indicó el funcionario, “hay intereses ligados a conservar la tierra, y las bandas criminales pueden ser contactadas para evitar la restitución”.
El gobernador de Córdoba, Alejandro Lions Muskus, explicó que para garantizar la seguridad en las regiones donde se realiza la restitución se creó el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), “que agrupa a todas las fuerzas de seguridad del Estado, que garantiza la seguridad en las zonas donde se inician los procesos de restitución de tierras, y periódicamente se reúnen para analizar el orden público”.
Cuando un reclamante denuncia las amenazas “inmediatamente -dijo Lions- se pone en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección para que ordene estudios de seguridad y le asigne las medidas de conformidad a su nivel de riesgo”.
‘Seguiremos siendo víctimas’
Jorge Hernán, Luis, María Zabala y Maritza Salabarría no se conocen, pero los une la misma tragedia. Fueron desplazados, todos reclaman sus tierras y los cuatro fueron amenazados. “Es que siempre seremos víctimas. Y eso parece que ni el Gobierno, ni los grupos armados ni nadie lo entiende”, mencionó Jorge.
En sus vidas, ahora citadinas, añoran el olor del campo, la siembra y la cosecha, el ordeño y las pesca en el río Sinú.
“Siempre seremos del campo. Eso no lo podrá borrar ni la llegada de la modernidad, ni nada de esas cosas que se ven en las ciudades”, refutó María.
Las ansias de volver a la tierra del difícil retorno los ha llevado a soñar que un día no muy lejano entrarán a los terruños de los que huyeron, esquivando la muerte que los correteó entre los platanales cuando, obligados por los fusiles, dejaron atrás sus parcelas, hace ya algunos años.
*Nombres cambiados por seguridad
