La entrega de una hacienda en Ayapel, incautada a narcotraficantes y que será destinada a 304 familias desplazadas, sirvió de escenario para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, denunciara que se han identificado más de 700 mil hectáreas robadas al Estado por paramilitares, guerrilleros y particulares.
Lo que era un acto protocolario de entrega de la Dirección Nacional de Estupefacientes al Incoder de las 4.225 hectáreas de la finca Las Catas, anunciada por el gobierno como el "arranque" de la ejecución del proyecto de Restitución de Tierras, se convirtió en una serie de denuncias sobre corrupción en notarias y llamados de atención a los jueces.
El presidente Santos aseguró en Ayapel que la Superintendencia de Notariado y Registro ha identificado, hasta el momento, "700 mil hectáreas de tierra que se robaron, solamente a través de mañas, de trucos legales a través de las notarías. ¡700 mil hectáreas! Y ha descubierto cómo se las robaban los paramilitares y también la guerrilla".
De esa cifra, 400.000 hectáreas corresponden a terrenos baldíos de propiedad de la Nación. El Primer Mandatario agregó que "esa tierra toda la vamos a recuperar y toda se la vamos a dar a los campesinos. Y sabemos que no se van a quedar quietos. Por eso la presencia de la Fuerza Pública".
Como ejemplo se expuso el caso de los Montes de María (entre Bolívar y Sucre), donde mediante maniobras fraudulentas facilitadas por registradores, notarios, funcionarios agrarios y de alcaldías, unas 40.000 hectáreas de tierras de campesinos desplazados quedaron en manos de empresarios y particulares.
Por este caso se destituyeron varios registradores, notarios y se abrieron investigaciones penales contra 20 funcionarios de notarías en Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia. También se ordenó revocar 326 compras irregulares en varios municipios, correspondientes a 6.065 hectáreas.
El superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, denunció tres casos de esos robos en San Luis (Antioquia), donde guerrilleros se apropiaron de terrenos baldíos, Tibú (Norte de Santander) y Cota (Cundinamarca).
Vélez reveló, además, que "las Farc tienen un manejo en la frontera con Venezuela en el robo de tierras. Lo que hicieron fue vender las posesiones y las mejoras y lo están haciendo en pequeños minifundios alrededor de toda la frontera".
Malestar de jueces
Pero los señalamientos del presidente Santos también recayeron en los jueces, tras cuestionar la decisión de un juez en Bolívar de liberar a un notario sindicado de facilitar el hurto de tierras.
"En el caso de los notarios y los jueces, la inmensa mayoría son gente honesta. En todas partes hay manzanas podridas que deben ser destapadas y perseguidas", afirmó Santos.
Las declaraciones de Santos causaron molestia en la rama judicial. Los jueces en Antioquia anunciaron para hoy un pronunciamiento de rechazo. "El Presidente le echa la culpa a los jueces de aplicar leyes creadas por el Congreso, que impiden privar de la libertad a personas procesadas si no se cumplen ciertos requisitos o si la Fiscalía no sustenta bien la medida", indicó el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro.
Por su parte, el senador Jorge Robledo criticó el proyecto de restitución de tierras al asegurar que es una "burla" y que el Gobierno solo restituyó 699 predios en 2011 y no cumplirá con la meta de devolver 160 mil predios a desplazados en cuatro años.
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