En manos de la Corte Suprema de Justicia quedaría la investigación sobre los sobornos que presuntamente habrían recibido congresistas para favorecer en la aprobación de la reforma financiera los intereses de DMG, del polémico David Murcia Guzmán.
Todo depende de la evaluación que haga la Fiscalía a las evidencias que darían cuenta del presunto soborno a los legisladores para que "aprobaran una ley". Esta información se desprendió de una interceptación telefónica al detenido Daniel Ángel Rueda, productor de Body Channel y hombre cercano a Murcia Guzmán, que se refiere a la inversión de 760 millones para el lobby en el Congreso.
El fiscal General, Mario Iguarán, no descarta que, tras la evaluación que haga la Dirección Nacional de Fiscalías -encargada del proceso DMG-, "sea procedente compulsar copias" a la Corte Suprema para que investigue a quienes resulten comprometidos.
Un día después de conocerse esta denuncia, las autoridades judiciales no han revelado nombres de congresistas, pero este nuevo escándalo, a juicio de varios legisladores, vuelve a tender una "sombra de duda" sobre el Congreso, por lo que apoyaron al máximo tribunal para que esclarezca y judicialice a quienes considere responsables.
Gol al Congreso
El nuevo escándalo surgió tras revelarse que las comisiones terceras de Senado y Cámara, de forma conjunta, aprobaron un artículo en la reforma financiera que favorecería intereses de DMG, porque el artículo 83 de este proyecto (de autoría e iniciativa del Gobierno) establece que la adquisición anticipada de bienes y servicios, mediante tarjetas prepago, estará sujeta al régimen tributario.
Ayer, luego de conocerse las presuntas intenciones de DMG de sobornar a los legisladores, no aparecieron los autores de este artículo.
El senador José Darío Salazar (P. Conservador) dice que ha investigado el origen de este mico de la reforma financiera y sus primeras conclusiones lo llevan a pensar que fue "un gol" que le hicieron al Congreso, pues a su juicio, todos lo aprobaron, pero nadie se dio cuenta.
El representante Guillermo Santos (P. Liberal), considera que el Gobierno sí sabía de la existencia de este mico en un proyecto de su propia iniciativa. Por eso, le atribuye la paternidad de este artículo al Ejecutivo.
Piden archivo de la reforma
Tras esta polémica, varios de los ponentes de la reforma, dijeron que el mejor camino será archivar este proyecto, al cual le faltarían dos debates para convertirse en Ley de la República.
El senador Óscar Darío Pérez (Alas) dice que esta reforma "no es tan necesaria" y lo más conveniente es hundirla, "para así matar la cantidad de micos que se están denunciando".
Gabriel Zapata (Alas), otro de los senadores ponentes, coincide con esta postura, y a la vez advierte que no ha sido blanco de lobby de personas de DMG, rechaza los señalamientos de un presunto soborno, y además dice que "mete las manos al fuego" por la mayoría de sus colegas.
El senador Gustavo Petro (Polo) considera que las investigaciones "no pueden quedarse a mitad de camino como ha ocurrido con otros procesos" y consideró que este escándalo no solo puede involucrar a integrantes del Congreso, pues asegura que "las pirámides no sólo han tenido cómplices en el Legislativo sino en el Gobierno".
Pico y Placa Medellín
viernes
no
no
