Un fallo sin precedentes en materia de piratería literaria profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al absolver a José Daniel Acero, un vendedor ambulante a quien se le abrió un proceso penal luego de que fuera sorprendido vendiendo un par de libros cuyo valor no superaba los 30 mil pesos: Pacto en la Sombra y Los Honorables Parlamentarios.
En esta oportunidad la Corte consideró, sin avalar la piratería, que más que perseguir a los últimos eslabones de una cadena del delito, organismos como la Fiscalía deben hacer uso de las herramientas que la ley les da para hacer seguimientos, interceptaciones y allanamientos con el fin de capturar a quienes realmente afectan la industria literaria.
“La Corte no desconoce el problema de criminalidad que subyace a la venta informal de obras de carácter literario o de cualquier otra índole”, dijo no sin advertir que la protección de los derechos de autor en materia penal están en cabeza de la Fiscalía.
En este último sentido, consideró la Sala que el ente investigador “tiene que enfocarse en la indagación e investigación para determinar cuáles son las conductas que realmente representen un menoscabo significativo al bien jurídico, para lo cual puede hacer uso de procedimientos como lo son los seguimientos, infiltración y desmantelamiento de las estructuras que en la clandestinidad afectan de manera sistemática los derechos de los titulares”.
Por ello consideró que “esto no quiere decir que toda conducta relacionada con la venta callejera o informal de obras no autorizadas, debería quedar en la impunidad”, manifestó sobre los derechos patrimoniales de los escritores o las casas editoriales.
El abogado demandante
Visiblemente molesto, Misael Castañeda, abogado de la editorial afectada por la venta ilegal de los libros que poseía el procesado, calificó de errada la decisión de la Sala Penal y cuestionó el hecho de que a una persona que ha sido reincidente en un delito se le pueda aplicar el principio de oportunidad.
“No es posible que a una persona que viole los derechos de autor se le otorgue indiscriminadamente el principio de oportunidad alegando estados de necesidad”, señaló el abogado. En tal sentido, el abogado llamó la atención para que se tengan en cuenta las cifras relacionadas con el empleo que genera la industria en general y que alcanzaría el cinco por ciento.
“En estos casos no debe importar el número de libros que se comercialicen ilegalmente", dijo el abogado al advertir que “al confirmarse la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, se está dando vía libre a la piratería”.
Al respecto el abogado señaló que las pérdidas por este tipo de delitos en el último año alcanzan los 60 mil millones de pesos (en cuanto a "piratería" de libros) mientras que por fotocopiado de textos se están perdiendo, por los menos, 80 mil millones de pesos. “Lo que debe resolver la Corte es si se cree o no en los derechos de autor”, indicó.
