La Corte Constitucional revocó una decisión del año 2007 del Consejo de Estado que ordenaba indemnizar a los socios del desaparecido Granahorrar, con una suma que superaba los 300 mil millones de pesos y que hoy con los incrementos alcanzaría el billón de pesos.
El Consejo de Estado en providencia de noviembre de 2007 falló a favor de los socios de la entidad financiera que demandaron alegando afectaciones a sus derechos y porque el Gobierno había nacionalizado a la entidad sin haberles comunicado los pasos a seguir tras la intervención de 1998.
La Corte concedió una tutela, que interpuso la Superintendencia Financiera y el ministerio de Hacienda y señaló que la demanda de los accionistas no era procedente porque se presentó dos años después de la intervención, es decir, en el año 2000, cuando sólo podía hacerse en un plazo de 4 meses como máximo.
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