A medida que pasan los días se conocen más y mayores consecuencias de la crisis económica mundial. Cada nuevo día los medios de comunicación nos sorprenden con la noticia de nuevos despidos de empleados en distintas compañías e industrias y en diversos países del mundo. Igualmente, se reseñan las turbulencias que se presentan en los diferentes mercados accionarios y financieros del mundo, se cuenta de los abarrotados déficits que presentan empresas e instituciones financieras que otrora parecían blindadas contra la adversidad, así como de los cierres de empresas y la cancelación de ambiciosos proyectos de inversión. Sin lugar a dudas, luego de varios años de una pujanza inesperada, fruto de la denominada burbuja financiera, el mundo ha entrado en una profunda crisis que está afectando las relaciones y principios económicos que hasta ahora se tenían.
Aunque algunos anuncian que, en general, los países latinoamericanos se encuentran bien posesionados para enfrentar la crisis, ello no significa que la misma no los vaya a afectar. Pensar que un país pueda ser inmune a una crisis mundial como la que se está viviendo actualmente es, en la compleja realidad mundial, una necedad. El caso de Colombia ilustra adecuadamente el punto. Las noticias económicas que durante los últimos días ha presentado el periódico El Colombiano señalan que, debido a la caída abrupta en las ventas, el gobierno ha destinado una línea especial de crédito para las ensambladoras de vehículos; igualmente, se informa que la situación de algunas empresas de confecciones, como Industrias El Cid, es cada día más difícil, pues las compras en el exterior se han reducido dramáticamente. Como han venido evolucionando las cosas, es de esperar que noticias similares a éstas seguirán apareciendo durante los próximos meses. Es decir, no estamos blindados frente a la crisis, quizás estamos en mejores condiciones que otros países para enfrentarla.
Pero no basta con estar mejor preparados, lo que ahora importa es saber cómo el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales van a reaccionar, en términos de adopción de políticas y puesta en marcha de programas, para atenuar los efectos perversos de la crisis. En particular, y dados los relativos altos niveles de pobreza que aún subsisten en nuestra sociedad y las precarias condiciones de vida que enfrenta una parte importante de hogares colombianos, ¿qué planes y acciones se van a poner en marcha para compensar la inevitable pérdida de puestos de trabajo y los aumentos en los índices de pobreza? Es claro que la responsabilidad de estas acciones no puede recaer sólo en el gobierno nacional. Los entes regionales y locales deben ser conscientes de que ellos no sólo pueden sino que deben apoyar y generar opciones a sus ciudadanos y que, por lo tanto, las primeras acciones de apoyo deberían venir de estas instancias. La puesta en marcha de programas públicos de alta generación de empleo debería estar entre las prioridades gubernamentales junto a los programas de apoyo social a los grupos más vulnerables, en especial los niños y las madres embarazadas de bajos ingresos.
Hace un par de años se realizaron, en el marco de una misión de estudios sobre la pobreza en Colombia, un conjunto de análisis y reflexiones acerca de esta problemática. De allí salió una serie de recomendaciones de política que, en las actuales circunstancias, podrían ser de gran utilidad para los entes gubernamentales. Dada la amplitud de los estudios realizados, éstos podrán encontrar opciones de política rápidamente adaptables a las distintas circunstancias.
Así las cosas, y gracias a unas medidas oportunas y eficaces, ojalá que el país supere la crisis sin sufrir mayores daños en sus estructuras económicas y sociales.
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