No sin razón el presidente de la República ha dicho que se necesita prudencia, cautela y decisión en la ambientación de las conversaciones exploratorias que recién se iniciaron. Es claro que aún existen intereses agazapados que esperan la menor oportunidad para bloquear una justa causa de la Nación, que siempre existirá el riesgo de costosas equivocaciones por parte de los negociadores a nombre de la sociedad y que también existen voces influyentes que en forma ingenua o mal intencionada desatiendan el llamado de nuestro Presidente.
Es evidente la forma decidida, comprometida y acertada como las Fuerzas Militares vienen cumpliendo su misión frente a los preceptos del Gobierno. Su accionar refleja las enseñanzas de medio siglo de trasegar por nuestro territorio, ganando y perdiendo batallas, en defensa de los intereses nacionales. Saben que han logrado la victoria estratégica sobre las FARC pero no el aniquilamiento militar de las mismas, entre otras razones, porque existen factores generadores de violencia que las armas no pueden liquidar.
Al comprender que el fin último de la guerra es la paz justa y sostenible, las Fuerzas Militares entendieron que había que analizar otros escenarios, en el marco de la dignidad y el patriotismo. Uno podría ser la negociación política, signada por el fracaso en las ocasiones en que se ha intentado, o la otra, una combinación de la acción militar contundente y la mano tendida para apoyar la reinserción. Me parece que esta última es la estrategia que debe ser apoyada por nuestra sociedad.
En contraposición a esta posición transparente y constructiva, preocupan voces como las del Fiscal Eduardo Montealegre y el exministro Álvaro Leyva . Tal vez mi formación de soldado me hace imposible entender los vericuetos de la política, pero es evidente que flaco favor le hacen a la Nación.
Difícil compartir la posición del Fiscal General de la Nación cuando propone la amnistía condicionada o el indulto aun ante graves violaciones a los derechos humanos. Proponer la exoneración de la responsabilidad en casos probados de crímenes atroces es visualizar un precedente de impunidad peligroso para una paz duradera, más cuando proviene de la cabeza del ente investigador. Argumentos de orden jurídico debe tener, pero resultan improcedentes, especialmente después de oír a las FARC ayer en Oslo.
Y, ¿qué opinar sobre las declaraciones del Dr. Leyva Durán? ¿Podemos pensar que es propio de un gestor de situaciones de paz, como él se autodenomina, aseverar que el éxito del proceso para terminar el conflicto armado depende más de lo que pueda hacer el presidente Chávez, que de la buena intención de nuestro Presidente? Pienso que ello es irreal e inaceptable.
Donde sí tiene razón el doctor Leyva Durán , es cuando habla de la internacionalización de nuestro conflicto y de los intereses que los países del Alba tienen en los resultados de las negociaciones y en sus efectos. Ello es de pleno conocimiento dentro de la institución militar y un argumento más para compartir el pedido de prudencia, cautela y decisión expresado por nuestro Presidente.
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