Más rápido de lo que proyectaba, el Gobierno logró evacuar dos leyes que tenía pendiente de aprobación en el Congreso y que consideraba prioritarias: la de Descongestión Judicial y la del Arancel a la Justicia. Ahora pasan a sanción presidencial.
Según el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, los proyectos son complementarios porque el cobro del arancel entregará nuevos recursos a la Rama Judicial, y el de Descongestión permitirá una justicia pronta, eficaz y cumplida.
"Estas leyes son de la mayor importancia para el país, no solo porque demuestran el interés y el compromiso que tiene el Gobierno Nacional de mantener la colaboración armónica con la Rama Judicial, sino porque proporcionan las herramientas y los mecanismos necesarios para que Colombia tenga una justicia pronta y eficaz", afirmó Valencia.
La ley de Descongestión Judicial busca sacar de los estantes de los juzgados 1,4 millones de procesos estancados; reducir trámites judiciales, desjudicializar conflictos mediante sistemas de resolución alternativa.
También contempla la creación de jueces de pequeñas causas y de competencia múltiple, que se encargarán de procesos de mínima cuantía, indicó el Ministro del Interior y Justicia.
El cobro del Arancel Judicial permitirá el recaudo de nuevos recursos para fortalecer la administración de justicia. Se estima que serían 243.000 millones de pesos en los procesos civiles y administrativos.
"Es importante aclarar que es completamente coherente con la Constitución, no es un impuesto, no es una tasa, porque no se trata de pagar por un servicio, es una contribución parafiscal que está perfectamente permitida por la ley y se cobrará sólo en los procesos ejecutivos", declaró Valencia.
La ley aclara que el aporte "no se va a cobrar en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, en juicios de control constitucional, derivados de la tutela o a personas de escasos recursos, sino que gravará procesos contenciosos que tengan que ver con el derecho civil y administrativo".
El Ministro del Interior y Justicia hizo un recuento de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno para fortalecer la justicia. Entre ellos está la aprobación de la ley que busca vigorizar el principio de oportunidad dentro del Sistema Penal Acusatorio, y que se aplicará especialmente a desmovilizados.
A esto se suma el incremento del presupuesto para la Rama Judicial en un 52 por ciento entre 2002 y 2010 (era de 831.000 millones en 2002). "En Colombia, el poder Ejecutivo viene cumpliendo a cabalidad con su mandato constitucional de auxiliar a la justicia para hacer efectivas sus providencias, y de respetar la autonomía e independencia de la rama judicial. Nadie, sin cometer una injusticia, puede afirmar que el Gobierno Nacional no acate ni haga cumplir los fallos judiciales", afirmó Valencia Cossio.
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