Algunos funcionarios de Acción Social estarían violando los derechos de las víctimas del conflicto armado en Medellín.
Así lo denunció la Personería Municipal con el argumento de que se han detectado unas 16 fallas en la atención que la agencia presidencial le presta a los desplazados, "con las cuales no sólo se vulneran los derechos de las víctimas, sino que se incurre en un proceso de revictimización", dijo Jairo Herrán, Personero de Medellín.
Uno de los inconvenientes más reiterados, argumenta el Ministerio Público, es la notificación indebida que hace Acción Social de sus decisiones.
"Se hacen mal. Por ejemplo en un acto administrativo se le niega a una persona su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). No basta con que un funcionario deje una constancia de que llamó a esa persona y no le contestaron, eso no vale como notificación; o que le dejó razón con la vecina, no. Porque está ocurriendo que la persona nunca se entera de que le negaron la solicitud y se le vencen los términos para interponer algún recurso", explica Herrán.
Según el Personero, las notificaciones tienen que enviarse por correo certificado y no puede haber duda de que a la persona le llega la notificación o noticia de determinada situación.
No les creen
Otra de las fallas que detectó la Personería es en la "aplicación de las dudas".
"Ellos (Acción Social) están resolviendo todo en contra de las personas. Una familia viene desde Córdoba porque ven que a sus vecinos los están matando y Acción Social les niega hasta la ayuda de emergencia aduciendo que llamaron a la Alcaldía local y allá les dijeron que todo estaba muy bien, muy tranquilo y que por allá no había grupos armados ilegales. No. Tienen que dar crédito a la buena fe de las personas, hay que creerles a las personas, pero no excluirlos de entrada", continuó el funcionario.
Estas situaciones han ocasionado que durante lo que va del año, la Personería haya instaurado cerca de 400 acciones de tutela en contra de Acción Social.
En el 2008 fueron 3.600, es decir, casi diez tutelas cada día. Esta serie de irregularidades están afectando el acceso de la población desplazada a las ayudas y a la asistencia que el Estado está obligado a darles, dice la Personería.
"Es que Acción Social ha puesto en práctica una serie de mecanismos rigurosos que tienen el propósito de seleccionar a la población que va a ser incluida en el RUPD, entre otras cosas, porque eso les permite bajar las estadísticas", agregó Herrán.
Mientras el Gobierno afirma que en el país hay actualmente 2.600.000 personas en situación de desplazamiento, para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) el número asciende a 4 millones de personas. Sin embargo, estas discrepancias se explican en la metodología y el periodo que cada uno de estos organismos utiliza para la recolección de los datos.
Para la Personería, el supuesto desacato de Acción Social a fallos constitucionales y mandatos de ley es más grave por el aumento de desplazados en Antioquia, pues sólo en 2008 fueron recibidas 26.000 nuevas declaraciones juramentadas.
Acción Social sostuvo, ante las denuncias presentadas por la Personería de Medellín, que están estudiando la situación y que para mañana lunes será convocada una reunión para analizar las 16 fallas que menciona el Ministerio Público.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
