Estado y sociedad se encontraron ayer en un diálogo que pretende dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la Antioquia violenta, desempleada, enferma y vulnerada en sus derechos.
Durante la discusión, liderada por gobernantes regionales y nacionales, a instancias de la Vicepresidencia de la República, se escucharon los planteamientos desarrollados por cinco mesas de trabajo que analizaron temas como derechos humanos, víctimas del conflicto, empleo, educación y salud.
Cada comisión creó un documento que reunía las inquietudes y propuestas relacionadas con los diferentes temas y que fue presentado al vicepresidente Angelino Garzón, con el fin de establecer acuerdos con el Gobierno Nacional que respondan a estas demandas.
Así por ejemplo, con relación a los derechos humanos y la seguridad, el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, resaltó como fundamental el papel de la fuerza pública y recomendó constituir un mesa intersectorial donde se analicen los casos emblemáticos sobre la violación a los derechos de los ciudadanos. También, sugirió el cambio del pie de fuerza oriundo de Medellín por agentes policiales de otras ciudades, que actúen con mayor libertad en los barrios.
En cuanto a la población vulnerable, la mesa de trabajo impulsó la formulación de una política pública nacional para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) para contrarrestar la impunidad frente a los crímenes cometidos contra estas personas.
En el empleo, se estableció la necesidad de educación y la capacitación para acceder al campo laboral y la importancia de garantizar un empleo digno.
Gobierno comprometido
Durante su intervención, el vicepresidente Angelino Garzón valoró la aprobación de la ley de reparación de víctimas y de restitución y titulación de tierras, por parte de la Comisión Primera del Senado e hizo énfasis en que hay que ser más solidarios con las víctimas de la violencia y más duros con los victimarios.
Anunció una reunión que se adelantará el 25 de abril, en Bogotá para hablar sobre la restitución de tierras.
Rechazó la instalación de minas antipersonal y señaló que las cárceles no pueden ser escuelas del crimen sino centros de resocialización.
En cuanto al empleo, el funcionario planteó la necesidad de crear el Ministerio de Trabajo para fortalecer la inspección laboral, la defensa del derecho de sindicalización y la existencia de empleos decentes con salarios justos.
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