Que Colombia no solo es país de origen de migrantes ilegales sino de tránsito para aquellas personas que pretenden llegar en su mayoría a los Estados Unidos y Europa en busca de mejores oportunidades no es un misterio. Lo que llama la atención es la magnitud que ha tomado el delito de trata de migrantes y que fue revelada por un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc).
Entre 2004 y 2012 se abrieron 325 investigaciones, lo que es un número importante si se tiene en cuenta la dificultad para judicializar el delito. Lo grave, según Unodc, es que el 70 por ciento de las actuaciones se quedaron en la etapa de indagación, el 2,7 por ciento están en etapa de investigación, el 21 por ciento pasó a juicio y el 5,8 por ciento está en ejecución de penas.
De acuerdo con el reporte, el 61 por ciento de los casos que fueron judicializados en el país entre 2004 y 2011 tienen como víctimas a colombianos que al no obtener sus visas a Estados Unidos o algunos países de Europa recurrieron a las redes de falsificadores para salir del país. Estas estructuras, operan principalmente en Valle, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Meta.
Carlos Andrés Pérez, director del programa contra la Trata de Personas de Unodc, explicó que la posición geográfica del país hace que se convierta en un punto estratégico para estas redes ilegales. De ahí, la importancia de que el Gobierno haya manifestado la intención de adherirse al Protocolo internacional contra el tráfico de migrantes.
Suma de delitos
En Colombia el tráfico de migrantes está asociado a conductas como la falsificación de documentos, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. En el contexto internacional se habla de tráfico de personas cuando se facilita la entrada ilegal de una persona o se habilita su permanencia en un país. Todo, con el fin de obtener un lucro personal.
Y es que se debe recordar que quienes caen en redes de traficantes son sometidos a tratos denigrantes y peligrosos como aislamiento, falta de alimentos, transporte en contenedores durante largas jornadas sin condiciones sanitarias o travesías peligrosas en altamar. Muchos casos terminan en la muerte.
Según Pérez, en el país hay más sentencias por el delito de tráfico de migrantes que por trata de personas. Sin embargo, existe una gran confusión sobre los dos delitos. "Hay casos que fueron decididos como casos de tráfico de migrantes y perfectamente podrían ser casos de trata o viceversa. En la parte jurídica, el estudio deja ver unas situaciones muy claras para las autoridades de Fiscalía y Policía".
En la actualidad, las penas por tráfico de migrantes oscilan entre 8 y 12 años de prisión y las de trata de personas entre 13 y 23 años. Sin embargo, el estudio demuestra que de 33 providencias que se han emitido ninguna excede los 9 años de cárcel, solo un año más que el mínimo establecido por la ley.
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