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HISTÓRICO
El caso de las falsas víctimas irá a la OEA
  • El caso de las falsas víctimas irá a la OEA | Archivo | Jean Carlo Mejía, director de la Ong Defensoría Militar, señaló que en otras masacres como la de Santo Domingo (Arauca) también hay inconsistencias.
    El caso de las falsas víctimas irá a la OEA | Archivo | Jean Carlo Mejía, director de la Ong Defensoría Militar, señaló que en otras masacres como la de Santo Domingo (Arauca) también hay inconsistencias.
Javier Alexander Macías | Publicado el 27 de octubre de 2011

El Gobierno colombiano presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un informe sobre las denuncias de falsas víctimas que recibieron indemnizaciones millonarias del Estado por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada en 1997 por paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño Gil.

El presidente Juan Manuel Santos manifestó que "al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado están vivas o no murieron en la mencionada masacre y están recibiendo cuantiosas indemnizaciones basadas en la mentira y el fraude procesal".

Santos pidió a la canciller María Ángela Holguín, que informe oficialmente estas revelaciones al Secretario General de la OEA para que se ponga el tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres".

Además, agregó Santos, el Gobierno Nacional tiene confirmaciones de que "algunos avivatos tienen oscuros intereses económicos que utilizan dicho sistema, en burla de él para lucrarse de los recursos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos".

Otros casos
El cobro de dinero por parte de presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, podría ser solo "la punta del iceberg" de otros falsos reclamantes que se han hecho a grandes reparaciones económicas del Estado.

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, explicó ayer que este "no es el único, en varios casos han estafado al Estado colombiano con conductas como ellas".

Ordóñez se refirió al caso de Mapiripán, como una acción propia de bandas criminales que se han especializado en estafar al Estado colombiano y solicitó a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura compulsar copias para que se investigue a los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo.

El director de la Ong Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía, declaró a EL COLOMBIANO que se pueden haber presentado otros falsos reclamantes en otros hechos. "Hay muchas dudas en casos como el de Santo Domingo y Trujillo donde pasaron cosas conocidas como en Mapiripán. En dos masacres las cifras se han inflado", indicó Mejía.

Defensoría Militar dio a conocer en un documento que en los archivos del Ministerio de Defensa reposan los datos del pago de la reparación que se realizó a los representantes de las presuntas víctimas de la Masacre de Mapiripán, colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por un monto de 15.345 millones de pesos.

El consultor político Andrés Mejía Vergnaud señaló que casos como este en los cuales hay expectativa de recibir una remuneración, es natural que surjan pícaros que pretendan hacer fraude. Indicó además que "si hubo fraude, en algún momento pasó por las organizaciones de abogados o las Ong que tramitaron este caso, estas deben investigarse".

Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hizo saber mediante un comunicado que "siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas".

En las audiencias que se realizan en la sede de la CIDH, voceros del colectivo de abogados indicaron que están dispuestos a devolver el dinero de las indemnizaciones de Mapiripán, que según ellos es un monto de por lo menos 400 millones de pesos.

Empezaron investigaciones
Viviane Morales, fiscal General de la Nación, declaró que la Fiscalía tiene datos e informes sobre las supuestas víctimas que están con vida por lo que "haremos las investigaciones correspondientes y las protegeremos como testigos que pueden dar información valiosa para aclarar el hecho".

Morales aseveró que de las 26 víctimas por las que fue condenado el Estado colombiano en el 2005 por la CIDH, la Fiscalía tiene certeza de que hay 9 que no lo fueron. Algunas están vivas y las otras murieron antes o después de la masacre de Mapiripán.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura inició las investigaciones por las denuncias de la Fiscalía de la existencia de abogados que presentaron falsas víctimas.

Angelino Lizcano, el magistrado encargado de la investigación, expresó que se realizará inicialmente una inspección judicial a los procesos que tiene la Fiscalía con el objetivo de establecer si en el país sí se ha orquestado la creación de redes dedicadas a crear falsas víctimas que busquen reparaciones económicas.