En los primeros cinco meses del año se presentó en Medellín una reducción de la violencia, que se explica por la contundente acción de la Policía contra los cabecillas de combos y bandas que pretenden sembrar el terror en los barrios, pero también por la articulación de la acción institucional contra el delito.
Aunque el fenómeno criminal en el Valle de Aburrá no se ha detenido y ciertos casos de muertes violentas tienen gran repercusión, como lo fue la lamentable muerte esta semana de la líder de desplazados, Ana Fabricia Córdoba, la intensidad de la violencia bajó en lo corrido del año, por lo menos en lo que se refiere al promedio de muertes violentas diarias en Medellín.
Un informe del Centro de Referencia Regional sobre Violencia, de Medicina Legal, publicado esta semana por el periódico popular Q'hubo, reportó 802 homicidios hasta mayo, con relación a los 890 presentados en el mismo período del año anterior. Buena parte de ellos, consecuencia de la guerra de bandas delincuenciales por el control del microtráfico de drogas y que, además de las víctimas entre ellos, deja a la población en medio del conflicto.
La reducción del 10 por ciento, aunque leve, nos indica que 88 personas menos perdieron la vida. Incluso así fuera una sola, sería significativa. Sin embargo, el total muestra que el número de muertes violentas sigue siendo muy alto, pese al esfuerzo institucional. Y justo es reconocer aquí el trabajo que adelanta la Policía, no siempre valorado, particularmente por quienes en ciertos sectores de la ciudad parecen colocarse al lado de los delincuentes por temor o complicidad, para impedir la acción oficial cuando de realizar operativos contra ellos se trata.
La dinámica de la violencia muestra un cuadro dramático en algunas comunas como la 13, que, con 116 asesinatos registrados, ocupa, de lejos, el primer lugar en el número de homicidios. La complejidad del conflicto que allí se vive no parece ceder terreno, y antes por el contrario las muertes aumentan, pese a la intervención estatal, con la acción de la Fuerza Pública y los programas de inversión social.
Por los hechos registrados en las últimas semanas, otro sector del Área Metropolitana que ha venido a concitar la atención de las autoridades es el corredor entre Itagüí-El Limonar-San Antonio de Prado, donde los hechos de violencia, que incluyen asonadas contra la propia Policía y muertes con alto grado de crueldad y sevicia, prenden las alarmas.
En este cuadro de la violencia que permite trazar el informe de Medicina Legal llama la atención que cerca de la mitad de las víctimas tenía menos de 25 años, que el mayor número de homicidios se produjo los domingos y lunes, y principalmente en horas de la noche, que el 87 por ciento fue cometido con armas de fuego y que pese a que el 93 por ciento de los muertos fueron hombres, en lo que va del año han muerto violentamente 54 mujeres.
La muerte no tiene edad ni condición social, pero sí causa dolor que sean los jóvenes, entre los 18 y los 25 años, las víctimas más frecuentes, lo que se explica, según la Policía, por el creciente reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas delincuenciales. Y un dato desconsolador: en el solo mes anterior murieron de forma violenta en la ciudad 24 adolescentes que, como lo anota el reportero, "no alcanzaron a tener cédula de ciudadanía".
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