La literatura especializada en los aspectos institucionales de la economía ha identificado cuatro grandes áreas temáticas que vinculan el imperio de la Ley con el crecimiento económico: la seguridad de las personas; la protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos; el control del gobierno; y la lucha contra la corrupción.
Un sistema judicial eficiente debe, ante todo, dar seguridad a las personas en su vida y en su honra, y velar porque se materialicen los derechos fundamentales que la sociedad quiere brindarles. Debe además establecer un marco jurídico efectivo para asegurar los derechos de propiedad, resolver los conflictos que se presenten entre los agentes y garantizar que se cumplan los contratos a través de los cuales se comprometen los ciudadanos entre sí.
Debe ejercer controles sobre las decisiones públicas, sobre el accionar de los funcionarios gubernamentales y sobre los procesos de decisión que establecen las reglas de juego que dan forma a la sociedad. Y debe, por último, evitar que esas decisiones públicas sean objeto de captura privada, bien sea para obtener rentas de corrupción, o para adaptarlas a los propósitos de algunos grupos privados de interés, que quieran ponerlas al servicio de sus objetivos.
Las falencias
En todas esas áreas temáticas son visibles falencias importantes en nuestro sistema judicial: ante todo, su relativa ineficiencia; la congestión que lo agobia; la inadecuada aplicación de castigos efectivos y la impunidad que ello implica; y la selectividad adversa que genera tratamientos diferenciales a distintos tipos de ciudadanos. Figuras novedosas como la tutela han acercado al ciudadano al sistema judicial, pero problemas de diseño de la figura jurídica han generado el curioso resultado de que incluso los mecanismos expeditos diseñados para evitar que los derechos individuales naufraguen en la congestión del sistema, se vean así mismo congestionados por un uso excesivo y a menudo impropio de la figura.
En el área de la protección de los derechos de propiedad hay también falencias, no sólo porque pueden darse condiciones diferenciales de acceso al sistema, en función del poder relativo de los agentes que hacen valer sus derechos, sino también por la emergencia de conflictos profundos y todavía no bien abordados, entre los intereses individuales y los intereses colectivos, que son especialmente visibles en temas ambientales y en el manejo de los derechos de las minorías.
Tire y afloje político y judicial
En el rubro del control a las decisiones públicas, la compleja interrelación entre la esfera del poder ejecutivo y la esfera del poder judicial, el afán de protagonismo de algunos dignatarios judiciales, e incluso la eventual emergencia de intereses particulares en la función de impartir justicia, han dado lugar a usos impropios del sistema judicial, como aquel de incidir en la disputas políticas que definen el acceso al poder, en una manifestación evidente de "politización" de la justicia, con el lastre de ilegitimidad que necesariamente implica.
Por último, el deficiente diseño económico de los procesos públicos de contratación deja espacio a la corrupción, a la apropiación indebida de cuantiosas rentas de contratación, ante las que el poder disuasorio del sistema judicial no opera eficazmente, porque no logra abolir los beneficios económicos resultantes de la acción indebida, y deja en cambio un balance final positivo para quien se lucra de esas acciones.
Las consecuencias sobre el progreso social son evidentes: la deficiente protección de derechos esenciales y de derechos de propiedad inhibe la vigorosa participación privada en los procesos de crecimiento económico. Pero más importante aún, la compleja interrelación de esos problemas genera una perversa alteración de la conducta económica de los ciudadanos, que desvían sus recursos de la saludable búsqueda de lucro económico a través de la innovación, la creatividad y la búsqueda de eficiencia, a actividades de captura de rentas por medio de la gestión judicial. Una sociedad que destina parte de sus recursos a la gestión de rentas judiciales, y no a la gestión del crecimiento, y en la que los jueces navegan en el complejo maremágnum de los intereses políticos (y quizás, incluso, de sus intereses personales) desperdicia su potencial de crecimiento y hace ciertamente menos amable la vida de sus ciudadanos.
*Docente Universidad Eafit.
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