El segundo semestre de 2008 será recordado como un período de cambios trascendentales, un hito de discontinuidad histórica que separa de manera nítida el antes y el después. Sin existir claridad respecto a las dimensiones o la duración de la crisis financiera internacional, los cambios normativos que se anuncian permiten visualizar una transformación de la estructura institucional vigente y una significativa participación gubernamental en el funcionamiento de los mercados.
Dependiendo de las preferencias de cada cual, se puede entender lo que ha sucedido como una reivindicación de Marx, de Keynes, o de Minsky. El hecho es que ha culminado de manera estrepitosa un episodio de realismo mágico en el sistema económico anglosajón. La creatividad financiera desplazó a la responsabilidad gubernamental de ejercer la debida supervisión, y la codicia triunfó sobre la prudencia.
En pleno auge financiero, el ex gobernador de la Reserva Federal, Paul Volcker, advirtió acerca de los riesgos que conllevaba la desregulación del sector. Así mismo, el inversionista Warren Buffet describió a los derivados financieros como 'armas de destrucción masiva'. En retrospectiva, este saludable escepticismo acerca de las bondades de la burbuja crediticia resultó ser más perspicaz que la actitud permisiva de Alan Greenspan.
Tampoco se conoce con precisión el impacto que tendrá el traumatismo financiero sobre la economía real en Estados Unidos, más allá de constatar su carácter recesivo. La fuerte restricción crediticia ha puesto en dificultades a sectores tales como el de la construcción y el automotor. Las primas de riesgo para bonos corporativos reflejan el temor de los mercados a un incremento en los niveles de insolvencia empresarial. El desempleo y la pérdida de riqueza que ha tenido lugar en el valor de las acciones y las viviendas se traducen en una reducción en el consumo de los hogares y en un menor ritmo de actividad económica.
Otro capítulo que está en proceso de clausurarse es el control de la Casa Blanca por la extrema derecha. Las repercusiones políticas de la situación económica actual hacen poco probable el triunfo del candidato presidencial republicano.
América Latina no ocupa un lugar prioritario en la agenda de política exterior norteamericana. Lo que se desprende de la campaña presidencial en curso es que esa situación no cambiará en el futuro próximo, sea cual fuere el resultado de las elecciones.
La nueva administración deberá ocuparse de inmediato de concluir una guerra impopular en Irak y encontrar una fórmula para poner término a la ocupación de Afganistán. Al mismo tiempo, deberá volver a impulsar el multilateralismo, recomponer las relaciones con Europa y con Rusia, así como llegar a un entendimiento con la China, como una potencia mundial emergente.
La estrategia diplomática de cada país latinoamericano respecto a Estados Unidos deberá incorporar la certeza de que el Congreso tendrá una amplia mayoría demócrata y una alta probabilidad de que el próximo presidente sea demócrata. Una eventual administración Obama llevaría implícita una postura hacia América Latina de orientación socialdemócrata; es decir, de centro izquierda.
Temas tales como la promoción de los derechos humanos, el trato a los trabajadores y la protección del medio ambiente volverían a adquirir mayor prominencia en las relaciones hemisféricas. Algunos aspectos del embargo a Cuba se suavizarían. Sería previsible un acercamiento político con los gobiernos del Brasil, Chile y Uruguay. Los países cuyo espectro político se esté desplazando hacia el autoritarismo van a percibir un enfriamiento del clima en Washington.
Ante esa perspectiva, aquellos gobiernos que insistan en entablar conflictos con las organizaciones que defienden los derechos humanos estarían demostrando que no han sabido interpretar las señales de los tiempos.
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