El acoso de las autoridades a los promotores de firmas de captación masiva de dineros del público, será mucho más intenso cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley de origen gubernamental que establece, que éste delito no será excarcelable.
Los Ministerios de Hacienda y de Interior y Justicia diseñaron una herramienta, que en caso de ser aprobada, dejará tras las rejas a más de un representante de las populares "pirámides", que hoy disfrazan la captación bajo la fachada de comercializadoras de bienes y servicios.
Las penas ahora serán mucho más disuasivas, si se tiene en cuenta que contemplan hasta doce años de cárcel a quien efectúe este tipo de operaciones, que en muchos casos han resultado engañosas.
El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dio cuenta del auge inusitado de una actividad que el Gobierno cataloga como ilegal, por lo que determinó aplicar castigos más severos. "Vamos a perseguirlos y esperamos que con este proyecto de ley y a ponerles punto final", dijo. Se trata de una actividad ilegal que esta causando gran pánico económico entre los ahorradores, afirmó Zuluaga en tono categórico.
Agregó que a los usuarios de estas firmas, participar en dicha cadena les puede traer responsabilidades serias. Ingenuamente pueden terminar los ciudadanos involucrados en líos penales, administrativos y tributarios, causándoles muchos dolores de cabeza.
Con los nuevos instrumentos del proyecto, la Nación podrá investigar a esas empresas a través de la Dian, con ayuda de la Fiscalía. Otros dos frentes se están fortaleciendo a través de las superintendencias Financiera y de Sociedades y la Unidad contra el lava do de activos del Ministerio de Hacienda, para cerrarles el paso a dichas firmas que, en ocasiones, cierran sus puertas y desaparecen para eludir los controles y después renacen bajo nombres distintos.
El proyecto de ley que se presentó ante el Congreso cuenta además con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, para que pueda avanzar en el Legislativo.
El ministro Oscar Iván Zuluaga aseguró que en caso de que la iniciativa cuente con todo el respaldo de los congresistas, es muy probable que en unos dos meses, máximo tres, esté aprobada, para evitar que este tipo de empresas fraudulentas continúen impunes, sin ningún control.
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