Ante la grave situación en los centros de reclusión, el Gobierno decretó ayer la emergencia carcelaria, con la que intentará combatir un hacinamiento que alcanzó este año el 54,5 por ciento, según la Defensoría del Pueblo.
Durante el Consejo de Ministros, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que la declaratoria se da "con el fin de acelerar toda la ejecución de una serie de recursos que se le van a dar al Inpec para aumentar la capacidad carcelaria".
Aunque la medida es una respuesta a la grave situación, la misma Defensoría advirtió ayer "que resultará insuficiente" porque tiene un carácter más administrativo. Para el titular de ese despacho, Jorge Armando Otálora, dada la magnitud de la situación penitenciaria y carcelaria, agravada por la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana y las recientes decisiones judiciales en las que jueces mediante fallos de tutela han ordenado el cierre parcial o total de 16 centros de reclusión del país, se requieren medidas excepcionales.
Y es que la sobrepoblación en muchos penales alcanza el 400%, razón por la cual para la Defensoría la declaratoria del estado emergencia carcelaria "no resulta funcional ni puede ser invocado para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles que, en este momento, son los temas centrales de la crisis".
En esa misma dirección, el representante Iván Cepeda, quien ha recorrido el país para denunciar la situación de los reclusos, indicó que la medida debió tomarse hace mucho tiempo. "La dimensión y la profundidad que tiene la situación de las cárceles y penitenciarías del país no se resuelve con medidas progresivas o diferidas en el tiempo. Es una situación que requiere una reacción urgente en materia de salud, de deshacinamiento y de humanización".
Agregó que la emergencia es pertinente, pero se declaró a la espera de conocer las medidas y que ellas "sean eficaces y en favor de los internos, en lugar de servir para que el Gobierno le dé rienda suelta a la privatización de las cárceles".
Para la Defensoría, el Gobierno debe apelar a la figura de la emergencia social que le permitiría, entre otras salidas, modificar el sistema judicial administrativo para ampliar el número de jueces de ejecución de penas que reduzcan el represamiento de las solicitudes de libertad. Así mismo, otorgar sustitutos penales o libertades provisionales a delitos de bajo impacto para la sociedad de los que se beneficien quienes hayan cumplido más de la mitad de la condena y tengan un buen comportamiento.
También podría contemplarse la posibilidad de conceder prisión o detención domiciliaria, según sea el caso, a quienes previo concepto de Medicina Legal padezcan enfermedades terminales. Así mismo, gestionar la consecución de lotes para construir cárceles bajo la figura de contratación directa.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
