Son 30.888 metros de cable de cobre los que delincuentes le han robado a Edatel este año, medida casi igual a la distancia que existe entre Medellín y Amagá (36 kilómetros), uno de los municipios donde precisamente se registra el mayor índice de hurtos.
El problema es complicado porque, según dice el gerente de la compañía, Carlos Mario Estrada Molina, unas 30.400 familias están afectadas por este delito en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Cesar, regiones en las que Edatel tiene sus redes de telecomunicaciones.
Hasta el momento las pérdidas suman 1.139 millones de pesos como quiera que la empresa, filial de UNE debe reconectar las líneas para restablecer el servicio y hacer una inversión adicional de 384 millones de pesos.
El año pasado el tráfico de cobre le generó a Edatel pérdidas por más de 4.000 millones de pesos. Y si se suman los años 2006, 2007 y lo que va de este año esa cifra supera los 6.000 millones de pesos, números importantes para una compañía que busca recuperarse, según reconoce el gerente.
En Antioquia los municipios más afectados son Fredonia, Amagá, La Pintada, Palermo, Venecia, Andes, Jardín, Tarso, Bolombolo, Hispania y San Jerónimo. Esto quiere decir (con excepción de esta última localidad), que donde más los delincuentes se están robando el cable es en poblaciones del Suroeste del departamento.
El modus operandi es bien conocido: de un machetazo se corta el cable a lado y lado y en un vehículo los ladrones lo van enrollando hasta llevarse cientos de metros, lo que causa un enorme daño a los usuarios y a la empresa. Lo malo es que es poco lo que hacen las autoridades para capturar a los implicados que, al parecer, hacen parte de una banda que trafica con el cobre.
"Las alarmas que tiene Edatel están puestas de tal forma que ante el corte de un cable se identifica la localidad y se procede al reporte a la Estación de Policía", asegura Estrada.
El funcionario advierte que el tráfico de cobre robado se está convirtiendo en un negocio ilícito de gran envergadura y de alcances internacionales. "En varios casos no hemos podido restablecer el servicio debido a los altos índices de inseguridad y por los costos que traen".
Carlos Mario Estrada recuerda que según la Ley 1142 de 2007, el hurto de elementos destinados a comunicaciones telefónicas tienen una pena de 5 a 12 años de prisión.
"A la gente le estamos pidiendo que denuncie este tipo de robos que no solo perjudica a la compañía sino que causa un enorme daño a la gente que se queda sin el servicio telefónico", apunta.
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