El caso de los testigos cuyas declaraciones mentirosas ante la Fiscalía mantuvieron dos meses detenido a Sigifredo López como presunto responsable del secuestro y asesinato de 11 diputados no es el único proceso judicial contaminado de testimonios manipulados.
Son variass las investigaciones de interés nacional que resultaron entorpecidas o que intentaron ser desviadas a través de personas que, tiempo después, se comprobó que fueron utilizadas o se prestaron para rendir información deformada o plantar hechos que nunca ocurrieron.
Uno de los casos recientes más sonados de falsos testigos fue un supuesto complot de magistrados de la Corte Suprema de Justicia contra el entonces presidente Álvaro Uribe. El protagonista fue el exparamilitar José Orlando MoncadaZapata, alias “Tasmania”, quien hizo parte de las autodefensas del Suroeste antioqueño.
En 2007, Moncada acusó al magistrado Iván Velásquez Gómez, coordinador de las investigación de la denominada “parapolítica”, de presionarlo y ofrecerle beneficios legales para que acusara al expresidente Álvaro Uribe y a otros ciudadanos del atentado contra el jefe paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias “René”.
La investigación de la Fiscalía determinó que Velásquez era inocente luego de que alias “Tasmania” se retractara con el argumento de que su testimonio fue manipulado. Por este caso, que generó un distanciamiento entre el Gobierno y las Cortes, se ordenó abrir una investigación por falso testimonio contra “Tasmania”, su abogado Sergio González y contra Edwin Guzmán, otro testigo que acusaba al Magistrado. En enero de este año, la juez quinta de Bogotá condenó al jurista Sergio González a cinco años de prisión por el delito de calumnia.
Otro proceso judicial de ribetes históricos, como el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, también ha sido relacionado por las irregularidades en las investigaciones, que incluyen falsas acusaciones contra personas que luego fueron declaradas inocentes.
Así lo recordó el senador Juan Manuel Galán, hijo del líder asesinado en 1989 por una alianza entre el narcotráfico, paramilitares y políticos. “Hubo un intento de desviar la investigación por el DAS y las autoridades judiciales de la época. Se incriminaron en el asesinato a personas inocentes (17 en total) con falsos testigos, que a los tres años fueron liberados con justa causa como lo han demostrados las investigaciones recientes”, aseguró Galán.
Un caso aún en curso en el que los indicios apuntan al uso de falsos testigos es el juicio contra el subteniente (retirado) Raúl Muñoz Linares, presunto responsable de la violación de una menor y posterior asesinato de ésta y sus dos hermanos de nueve y seis años en zona rural de Tame (Arauca), en octubre de 2010.
Hace 10 días, el fiscal 51 de la unidad de Derechos Humanos pidió la condena del exmilitar y le solicitó a juez 27 ordenar que se investigue a los testigos que, a juicio de la Fiscalía, mintieron a favor Muñoz al declarar que habrían presenciado los homicidios de los tres niños a manos de guerrilleros de las Farc.
Según el fiscal, Victor Julio Lozano, un guerrillero que afirmó ser desmovilizado de las Farc y dos militares incurrieron en “contradicciones diciendo que habían presenciado el asesinato, pero luego manifestaron que se enteraron de oídas”.
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