Lo decía ayer, en nuestras páginas, un connotado analista político: el domingo pasado mucha gente se sorprendió al saber que tres partidos políticos sometían a consulta, con votación abierta, temas de interés de sus colectividades.
Casi nadie sabía qué partidos convocaban a sus simpatizantes para decidir asuntos internos. Ni qué asuntos eran estos. Ni cuál era el sentido de las consultas.
Y resulta que el Polo Democrático Alternativo elegía los 750 delegados a su Congreso Nacional del próximo diciembre; el Partido Verde convocaba a elegir 150 representantes de los jóvenes para su Congreso del próximo año; y el MIRA abrió 1.152 cupos para su respectivo Congreso del año entrante.
Como el proceso de participación popular fue abierto, todos los colombianos aptos para votar -unos 31 millones, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil- podían acercarse a las mesas dispuestas por la organización electoral, para depositar su voto. Y únicamente poco más de medio millón lo hicieron.
De inmediato, tan precaria participación se ató al costo inicial de la jornada: treinta y cinco mil millones de pesos. Más los recursos humanos destinados para garantizar que todo saliera sin contratiempos.
Es, ciertamente, una suma considerable de recursos públicos para tan poca votación. Esto ha dado pie a que se abra el debate sobre la utilidad de dichas convocatorias. Y a que se diga que en lo sucesivo no deban hacerse.
Pero el tema no es tan simple. Si hubo algún empeño claro de la Constitución de 1991 fue el de abrir los espacios a la participación popular en los temas de interés nacional, incluidos aquí los atinentes a los partidos políticos.
De 1991 hacia acá se han promulgado decenas de normas en materia de organización electoral, régimen democrático de los partidos, participación de los militantes en las decisiones de sus colectividades y en la escogencia de sus candidatos y directivos.
La organización electoral, concretamente la Registraduría Nacional, cumple los mandatos legales de facilitar todo el proceso de votaciones, y el Ministerio de Hacienda gira los recursos requeridos para los diversos comicios.
Pero los partidos políticos no despegan. Aparte de su poca democratización interna, no concitan adhesiones de los votantes más allá de las elecciones a corporaciones públicas o a la Presidencia.
Y ahora esos partidos le echan la culpa al Gobierno por la poca votación. Magro consuelo. Es obvio que si no hubo más votos es porque los partidos no movilizan simpatizantes, ni mueven causas que generen entusiasmo en la población.
No deben, pues, eliminarse las consultas. Hay, eso sí, que encauzarlas por una vía más racional y menos onerosa: consultas cerradas, voto electrónico, o por correo; fijar votaciones mínimas para la financiación estatal; en fin, normas claras, pero sin sacrificar el espíritu pluralista y participativo de la Constitución.
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