Ante el estigma recurrente de las empresas estatales como focos de corrupción o ineficiencia, tres compañías estatales de origen antioqueño sacan la cara notablemente en la mejoría de las calificaciones de su gestión en materia de transparencia: la generadora de electricidad Isagén, Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM), así como Une, su filial en telecomunicaciones.
Esto lo demuestran sus notas particulares conocidas por El Colombiano, a partir de la sexta Medición de Transparencia Empresarial realizada por la corporación Transparencia por Colombia y a la que se vincularon voluntariamente 25 empresas de servicios públicos del país (ver recuadro).
Los datos generales del estudio anual, que no revelan escalafones de las empresas, arrojan un promedio de calificación de 75 sobre 100, es decir que hay un 25 por ciento de riesgo de corrupción en el sector de servicios públicos. Entre tanto, Isagén aumentó su nota óptima de 98 a 99, EPM pasó de 86 a 91 y Une tuvo un notorio ascenso de 73 a 88, en el último año (ver gráfico).
Aunque las notas de transparencia mejoraron en el último año en los cuatro componentes analizados de apertura informativa, diálogo con grupos de interés, reglas claras (ética empresarial) y control (gobierno corporativo), las compañías mencionadas se encuentran por encima de los promedios de los tres subsectores evaluados de telecomunicaciones (84), energía y gas (82), y acueducto, aseo y alcantarillado (63).
En ese sentido, Álvaro Nossa, director del estudio, comentó a este diario que se evidenciaron avances en transparencia. No obstante, señala que las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, deben avanzar más en atención y entrega de información clara y precisa a los usuarios; en las compañías de energía y gas es difícil en todos los casos verificar mecanismos de selección de miembros de juntas directivas y órganos de gobierno corporativo; y en cuanto a las gestoras de aseo, acueducto y alcantarillado, la gran mayoría son de origen público y hace falta mucha más apertura a entrega de información y facilitar el relacionamiento con los usuarios.
En ese contexto, son notables los avances de las empresas locales que se encuentran en niveles bajos de riesgo de corrupción.
De una parte, la auditora Organizacional de Isagén, Gloria Úsuga Yepes, destaca que los altos estándares alcanzados en transparencia se explican por la continuidad en políticas de gobierno corporativo y ética empresarial, buenas prácticas que buscan llevar a sus grupos de interés.
“Esta calificación fortalece la relación de confianza, por ejemplo, con clientes y proveedores, al tiempo que permite desde la estrategia comercial y financiera para que se reconozca a Isagén como una empresa transparente con la cual hacer negocios”, agrega la ejecutiva.
Asimismo, desde EPM, y sus 11 filiales evaluadas en la medición, se destacan avances no solo por el cumplimiento ante los distintos entes de vigilancia del Estado. También se desarrollan iniciativas voluntarias como mecanismos de autoevaluación internos, más esquemas de control corporativo y “Contacto Transparente”, la línea telefónica y página web para que la comunidad denuncie actos indebidos de funcionarios o contratistas.
“Ahora trabajamos en aplicar controles y adaptar esquemas de auditoría a normas internacionales para buscar la certificación del Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos, validador mundial en estos temas”, explica Hernán Darío Vergara, vicepresidente de Auditoría Corporativa de EPM.
Por último, Une logró pasar de un riesgo “medio” a “moderado” en materia de corrupción, especialmente, por sus mejoras en los canales de relacionamiento e interacción y el desarrollo de buenas prácticas empresariales destacadas por Transparencia por Colombia.
Es el caso de Controlling (Sistema de Control de Gestión) que permite generar ahorros, un uso eficiente de los recursos asignados y hacer seguimiento y mediciones al desempeño operacional y financiero.
“Estos elementos permiten garantizar ahorros en los procesos de abastecimiento, y la adecuada asignación de los recursos presupuestales, según las necesidades prioritarias en la organización. Mediante el Modelo de Control Financiero y el Comité Corporativo de Contratación se han logrado ahorros que a junio pasado superaban los 14 mil millones de pesos”, señala Óscar Alberto Cano, director de Auditoría Interna de Une.
Más allá de estos tres casos sobresalientes, para Transparencia por Colombia, aún quedan muchos ajustes por hacer en las empresas de servicios públicos, públicas, mixtas o privadas: “un frente relevante y transversal a todas ellas debe ser definir más reglas de contratación y marcos jurídicos para que los proveedores también asuman buenas prácticas y que no den espacio a la corrupción”, concluye Álvaro Nossa.
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