¿Es posible hablar de democracia representativa o de legitimidad legislativa en un Congreso que está compuesto, en su mayoría, por individuos tratando de legislar en causa propia?
No.
El bochornoso paso de la reforma a la justicia por el Congreso demostró que hay un interés en rebajar los estándares éticos de la política, y es claro que a los congresistas y a los magistrados de las Altas Cortes les cabe una crucial responsabilidad en todo este asunto.
A los primeros por haber votado, deformado y aprobado la reforma para convertirla en un monstruo irreconocible, y a los segundos porque, con algunas excepciones, criticaron el proceso solamente hasta cuando se vieron beneficiados por el mismo. Todo con la mirada ingenua y torpe del Gobierno Nacional.
La democracia es de los ciudadanos. De la sociedad. No de los políticos para que hagan con ella lo que les venga en gana.
Y aunque se logró tumbar la reforma abajo, nos quedamos aún con el problema estructural: los congresistas que hicieron esto. Es como el famoso refrán de encontrar a la pareja fornicando con otro en el sofá de la casa, y vender el sofá para arreglar la relación.
En la actualidad seguimos casados a esos que nos engañaron.
El Congreso demostró que no representa los intereses de la sociedad, sino que los intereses individuales gobiernan el proceso legislativo.
¿Quién responde por un año de debates en el Congreso sobre esta "reforma" a punta de los impuestos de los colombianos? ¿Cuánto costó el tiempo perdido? ¿Cuánto cuesta mantener unos legisladores que sólo se representan a sí mismos?
Los congresistas deben ser unos garantes del funcionamiento democrático. No el peligro latente para este. Y es por eso que hay que ser tan duros en este momento frente a esa responsabilidad del Congreso, en general, y de la del senador Juan Manuel Corzo y del representante Simón Gaviria, en particular, como presidentes de las cámaras.
Su culpa en todo este fiasco fue y es innegable.
No haber controlado el trabajo de la comisión de conciliación es un error fundamental, ya sea por negligencia, imprudencia o falta de tiempo. Y sus declaraciones para justificar esa falla fueron lamentables y pusilánimes. Inverosímiles.
Es evidente que la comisión de conciliación funciona de una pésima manera y que el Congreso debe darle transparencia a esa función. Las conciliaciones se hacen de manera casi que clandestina y allí es donde se cocinan los peores esperpentos de la legislación.
Indiscutible.
Pero el adefesio de la reforma a la justicia no es responsabilidad únicamente de los congresistas conciliadores. Es de la ausencia de representatividad en el Congreso.
Y por eso se equivocan los congresistas y el Gobierno al decir que la crisis quedó superada al tumbar la reforma.
Lo peor está por venir ya que quedó evidenciado que a los congresistas se les olvidó hace un tiempo que sus actos tienen que ser en representación de una sociedad. De unos ciudadanos y del bien general. No para favorecer sus intereses particulares o buscar su protección frente a posibles delitos.
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