La Corte Constitucional dejó en firme la ‘muerte política’ de la ex senadora liberal Piedad Córdoba Ruiz, tras rechazar sus argumentos en la tutela que instauró hace cerca de dos años y con la que pretendía tumbar el fallo de la Procuraduría que la destituyó y la inhabilitó durante 18 años.
La Corte encontró infundados los argumentos de la defensa de Córdoba Ruiz según los cuales el fallo del Ministerio Público violaba los derechos al buen nombre, al debido proceso y a la presunción de inocencia de la dirigente política.
El procurador Alejandro Ordóñez, en fallo de 2008, destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo, asesoró políticamente.
Las pruebas del procurador Ordóñez se basaban, entre otros, en los computadores de "Raúl Reyes", el canciller de las Farc, muerto en combates, en Ecuador, en marzo de 2008, durante la Operación Fénix.
En sus comunicaciones las Farc se referían a Piedad Córdoba con el apelativo de "Teodora Bolívar", y buscaban su concurso para hacerles llegar pruebas de supervivencia a las familias de varios secuestrados. Por esa razón, el Ministerio Público encontró que Córdoba Ruiz se había extralimitado en sus funciones como senadora de la República, hecho que calificó como "falta gravísima", y tomó la decisión de destituirla y sancionarla por 18 años.
No obstante, en agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso jurídico la información contenida en los computadores de "Raúl Reyes" al advertir que no se guardó la cadena de custodia ni se guardaron los protocolos de seguridad que deben observarse en ese tipo de operaciones. Con base en esa consideración, que tumbó los procesos abiertos por la llamada ‘Farcpolítica’, fue que la defensa de la exsenadora interpuso la acción de tutela.
La decisión de la Corte
La decisión de ayer, que tomó cuatro sesiones de Sala Plena y tuvo como ponente al magistrado Jorge Iván Palacio, presidente del alto tribunal, se adoptó con una votación de 7 a 2. Así se lo dio a conocer una fuente dentro de la Corte Constitucional a Colprensa. Los únicos que no respaldaron el fallo fueron los magistrados Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle.
Pese al revés jurídico, que en instancias nacionales no tiene más recursos, el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo la abogada Ximena Castillo, apoderada de Córdoba.
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