Como reconocimiento a los mandatarios municipales, el Congreso aprobó en último debate una iniciativa que declara el trece de marzo como día Nacional del Alcalde, que según el decreto, "exalta la memoria de quienes han muerto en ejercicio de sus funciones".
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, quien tuvo a cargo la ponencia del proyecto legislativo, destacó que reconoce el sacrificio de mandatarios en medio del conflicto armado y crea incentivos para su labor.
“Este proyecto va dedicado a todos los alcaldes del país que con dignidad y valentía han ejercido la función pública en contra de las estructuras armadas y la corrupción que imperan en las regiones", afirmó el congresista.
El proyecto de Ley aprobado autoriza al Gobierno Nacional para que a través de la Escuela de Administración Pública se otorgue una beca para los mejores alcaldes de cada año (uno por departamento) para cursar una especialización en Administración Pública.
El proyecto también estipula la construcción de un monumento en homenaje a Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble (Sucre), asesinado el 10 de abril de 2003 por grupos paramilitares.
La desaparición y posterior homicidio de "Tito" Díaz Salgado, quien para ese momento era el primer alcalde por elección popular de esa localidad que él había ayudado a erigir municipio, se muestra como un ejemplo de las presiones de grupos ilegales a los mandatarios en zonas afectadas por el conflicto.
El funcionario se dio a conocer cuando en medio de un consejo comunal encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, denunció que su vida corría peligro y que iba a ser asesinado.
Díaz desapareció a la 1:00 de la tarde del 5 de abril de 2003 en Sincelejo, cuando se dirigía a una reunión con varias autoridades. Cinco días después fue hallado asesinado en el caserío Boca del Zorro, de Sampués.
Por este crimen hay varios desmovilizados del extinto bloque Héroes de los Montes de María condenados, así como el exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, a quien la Corte Suprema de Justicia sentenció a 40 años de prisión.
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