Con la aprobación ayer de un documento Conpes, el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos se convierte en una política nacional que integrará el trabajo institucional.
La decisión le permitirá al Gobierno Nacional fortalecer la coordinación entre las entidades que participan en las estrategias de lucha contra las drogas; mejorar la información en relación con la detección de cultivos ilícitos; fomentar la cultura de la legalidad en las comunidades afectadas y en riesgo de afectación por cultivos ilícitos y; afianzar procesos integrales y sostenibles de desarrollo alternativo.
Del programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos hace parte la iniciativa de Familias Guardabosques, que desde 2003 hasta marzo de 2010, ha intervenido en 126 municipios, ubicados en 23 departamentos y del que se han beneficiado 113.779 familias.
Así mismo, la política de erradicación voluntaria incluye el programa de proyectos productivos que trabaja con organizaciones sociales en la implementación de proyectos como cacao, café, caucho, palma y forestales.
La inversión en esta estrategia desde el 2003 hasta abril de 2010 ha sido de 100.612 millones de pesos, lo que ha permitido intervenir 94.093 hectáreas con proyectos legales y el apoyo a cerca de 44.000 familias.
"La estrategia de erradicación manual voluntaria está orientada a promover opciones lícitas de empleo e ingresos para comunidades que se comprometan a mantener libres de ilícitos los territorios en los que habitan, bien a partir de procesos de erradicación previa o de prevención de la expansión de los cultivos ilícitos", explicó el director del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahíta, al resaltar la aprobación del Conpes.
Según el documento aprobado por el Conpes, a pesar de los esfuerzos institucionales, financieros y operativos realizados, y los logros obtenidos en la lucha contra las drogas, se deben afianzar los procesos integrales y sostenibles de erradicación manual de cultivos ilícitos y de desarrollo alternativo en áreas afectadas por cultivos ilícitos o en riesgo de estarlo en armonía con las estrategias de consolidación territorial.
En el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2009, el país registró una reducción del 16 por ciento en el área sembrada con hoja de coca, al situarse en 68.000 hectáreas, la cifra más baja de los últimos años.
De hecho, respecto a 2002, el descenso es del 60 por ciento, casi equivalente al reflejado en materia de producción de coca, ya que de 870 toneladas métricas se pasó a 410.
Durante las tareas de erradicación han sido asesinados 61 campesinos, 72 policías y 69 soldados.
En los últimos seis años han resultado heridos 190 erradicadores y 222 policías, muchos de ellos mutilados y discapacitados por el efecto de las minas antipersonal, instaladas por la guerrilla y los narcotraficantes para detener las tareas de erradicación manual.
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