Esta semana el presidente Juan Manuel Santos dijo en la ONU que si en esta oportunidad no es posible la paz en Colombia, ya no lo será nunca. Aceptaba así el discurso ideológico que dice que estamos condenados por siempre a la violencia salvo que cedamos ante mil y una exigencias de quienes atacan diariamente el Estado de Derecho, las instituciones y la sociedad civil.
El mismo día, en la base militar de Tolemaida, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, decía ante los medios de comunicación y ante la cúpula militar y policial que "va a ser difícil encontrar otro período de la historia donde se haya golpeado tan duro a las Farc y al Eln y a la delincuencia organizada y común como en este gobierno".
Bien leídas, las declaraciones del presidente Santos y las del ministro Pinzón reflejan realidades diametralmente opuestas. Porque lo que viene a decir el Jefe del Estado es que sólo con la mesa de La Habana va a ser posible pacificar el país. Mientras el ministro de Defensa y el comandante del Ejército sostienen que en los últimos dos años "se han neutralizado 5.374 terroristas de las Farc y el Eln, entre ellos 17 cabecillas de las Farc y 7 del Eln". Y a renglón seguido afirman que las Farc no tienen más de 7 mil guerrilleros. ¿En qué quedamos? ¿No le habrán aconsejado al Presidente una regla de tres?: "Si en dos años acabamos con 5.374, cuántos años se requieren para...?".
No decimos lo anterior como invitación para terminar los diálogos. Desde aquí, por el contrario, hemos pedido persistir en ellos, eso sí, sin claudicar en puntos esenciales para la democracia y el Estado de Derecho, como la justicia. Lo que queremos es que el Presidente no se muestre fatalista ni le entregue a la guerrilla argumentos de presión, diciendo que si el Estado no cede en todo, nos condenarán a "otros 50 años de violencia".
Es verdad que el artículo 22 de la Constitución establece que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". Como es verdad que el artículo 2° dice que las autoridades tienen la obligación primordial de proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos, sus derechos y libertades. El deber y derecho de la paz no debe leerse sin cumplir el artículo 2°, cosa que parecen olvidar hoy muchos, como el Fiscal General.
Por eso, hay que recibir positivamente el anuncio de que el Plan Espada de Honor, de operaciones conjuntas y estratégicas de todas las Fuerzas Militares será reforzado y ajustado para lograr mayor eficacia contra la guerrilla y las bandas criminales.
Apoyamos a las Fuerzas Armadas en la afinación de sus planes. Sabemos que los militares no son deliberantes. Que son disciplinados. Pero también que sus oficiales son pensantes y por eso comprendemos el dilema que deben enfrentar al ver que hay una sociedad que les reclama y exige resultados, y a la vez intuyen cercana la posibilidad de que a quienes hoy combaten, mañana sean elegidos a cargos públicos. Mañana, en fin, los enemigos de hoy podrán ser sus jefes, decidir sus ascensos. Aunque al final el honor militar y policial y su juramento los comprometen es con la defensa de la Constitución.
Conociendo este país, su política, su historia, su justicia, hay que hacer votos para que esta "Espada de Honor" no sea para estos abnegados uniformados una espada de Damocles que mañana les cobre despiadadamente su defensa de la nación.
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