España no se libró de los perversos efectos del mercadeo irresponsable, cuya principal premisa es "lleve ahora y pague después".
La burbuja hipotecaria que explotó a fines de 2008 en Estados Unidos y acabó con Lehman Brothers y Freddie Mac, entre muchas otras entidades vinculadas a los créditos de vivienda, tiene a España en jaque, y a los partidos políticos transando entre telones para evitar una estampida social que termine por socavar lo poco que queda en pie.
Obnubilados por el derroche que llega después de las bonanzas, los bancos españoles, pero no sólo ellos, han recaudado parte de la destorcida de los mercados, sin haberse preparado para recibir el tsunami originado en Wall Street.
Lo que en Estados Unidos se llamó "bonos basura" o "activos tóxicos", en España les dicen "desahucios", pero en todos hay cientos de miles de familias que ahora viven un drama que amenaza la estabilidad del país.
No sólo por el entorno social que se incuba en forma de una peligrosa protesta ciudadana, capaz, incluso, de poner su vida de por medio para evitar el desalojo, o en el peor de los casos, morir para no cargar con la cruz de una hipoteca tan impagable como perpetua.
Eso, que no es nuevo pero sí exponencialmente contagioso, es lo que está pasando en España.
De 2008 al segundo semestre de 2012, cerca de 400 mil familias españolas (algo así como la mitad de Medellín) están en proceso de "desahucio" por los bancos, casi 5.000 en el último año. De la cifra inicial, 172.000 hogares ya perdieron su vivienda (algo equivalente a casi todas las casas de Envigado, Sabaneta y Caldas, juntos), y otras 178 mil están en el proceso de quedar en la calle. Diariamente, se tramitan 578 órdenes de desalojo en toda España.
Ese panorama tan desolador obligó a que el Gobierno español y los partidos de oposición tuvieran que echar mano del poco espacio de concertación que les quedaba para buscar salidas urgentes y evitar que la crisis económica, que hace agua la estabilidad política, terminara por convertir las calles españolas en tribunales de ajusticiamiento.
A instancias del Partido Popular, en el gobierno, y el PSOE, los bancos tuvieron que cesar los desalojos durante los dos próximos años, mientras en el Parlamento se estudia cambiar la Ley Hipotecaria.
Por lo pronto, los bancos y las cajas tendrán que aplicar medidas de emergencia contempladas en el Código de Buenas Prácticas que, en plata blanca, son medidas temporales que no resuelven el problema de fondo: la recesión de la economía y su impacto negativo sobre el empleo.
Porque en medio de toda esta confusión, lo más claro es que el problema de los "desahucios" no es un asunto de los bancos, sino de la crisis. Una de cuatro personas no tiene empleo en España y las deudas hipotecarias con los bancos suman poco más de 650.000 millones de euros.
Esa es una bomba que pone a todo el sistema financiero español en peligro y al Gobierno contra la pared a la hora de tomar decisiones. Entre ellas, que cualquier moratoria que estimule el no pago de las hipotecas podría ser peor que el problema que quiere solucionar.
El dilema para el Presidente Mariano Rajoy es de si es más urgente recuperar la banca y evitar la "tragedia griega", o salvar a cientos de miles de familias que están en estado de "extrema necesidad" y no pueden comer, menos pagar las deudas.
Hoy más que nunca, España necesita de un liderazgo político más allá de los partidos y de una solidaridad en todos los niveles. Y la mayor muestra de unión y de solidaridad lleva implícito el derecho a trabajar. Sin eso, todo será más difícil.
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