¿Qué le pasó a España, que de ser un país boyante hasta hace cinco años, pasó a ser uno de los "apestados" de la Zona Euro?
No pasa semana sin que los medios reseñemos la difícil situación social y económica del país ibérico.
Durante los siete años del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero , los buenos indicadores económicos comenzaron a caer en picada, mientras los de desempleo subían sin pausa.
El único que no se daba por aludido era el Gobierno. Desde todos los ámbitos le advertían sobre la inminente crisis económica. Cuando quiso reaccionar, ya era muy tarde. Y en las urnas, los españoles lo sacaron de forma expedita.
Ahora, a Mariano Rajoy le toca enderezar las cosas, en un clima social hostil y en unas condiciones financieras muy precarias.
Por ser del Partido Popular, y a pesar de la gran votación obtenida el pasado noviembre, Rajoy tiene que enfrentar una permanente oposición de la izquierda, cuyo aparato propagandístico sigue siendo potente y eficaz.
El español es un pueblo que nunca se guarda ni calla sus frustraciones o sus inconformidades.
Salir a protestar a la calle se ha vuelto una de sus señas de identidad más acusadas. Si algo no le gusta, sale a gritarlo, con pancartas en la mano.
Eso, unido a una fuerza sindical aún importante, y a las duras medidas tomadas por el Gobierno conservador de Rajoy, llevaron a la huelga general del pasado jueves.
Como instrumento y canal de protesta contra la reforma laboral, la huelga era perfectamente legítima. Como mecanismo de presión para el cambio de las medidas adoptadas, su eficacia resultó más discutible. Y como alternativa de solución a los acuciantes problemas es francamente contraproducente.
La foto de primera página de ayer, en este diario, ilustró mejor que cualquier análisis la realidad de la jornada de huelga: la trabajadora de un almacén sufre, impotente, la cólera de algunos manifestantes que destruían su establecimiento. Un sitio de trabajo destrozado por quienes no lo tienen.
Los disturbios no fueron generalizados, pero se produjeron bastantes, como en Bilbao y Barcelona. Ese era uno de los fundados temores del Gobierno y los empresarios.
El seguimiento a la huelga no fue apabullante, como en años anteriores, pero su alcance tampoco se puede desestimar.
La inconformidad existe, y así la catástrofe económica no la haya causado el actual Gobierno, es a este a quien le corresponderá encararla, y ojalá resolverla. Mientras tanto, el Partido Socialista, que no solucionó nada en sus dos legislaturas pasadas, azuza el malestar social.
Ayer mismo, el Gabinete de Rajoy anunció más medidas de ajuste, entre ellas el recorte presupuestal en los ministerios, la congelación de salarios oficiales, y la subida de tarifas de servicios públicos.
La burocratización en la administración nacional creció sin control durante la gestión de Rodríguez Zapatero. Y también lo hizo en las regiones con gobiernos autónomos, que gastando en lujos superfluos, se tragaron buena parte del recaudo fiscal.
El Gobierno sabe que, a pesar de su mayoría absoluta en el Parlamento, el margen de maniobra cada vez será más reducido. La presión sindical y la de los desempleados no le dará tregua.
Con el añadido de la presión de la Unión Europea para que reduzcan sus índices de déficit y el monto de la deuda pública.
Lo que pase allá tiene repercusiones en Colombia. No en vano, miles de compatriotas viven en España y se cuentan dentro de la gran masa de desempleados que, sin alternativas, vuelven a mirar con esperanza a su país de origen.
Y no se les podrá decir desde aquí que miren a ver qué hacen, porque acá tampoco hay opciones de trabajo para todos ellos.
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