En un fallo en el que se condena al Ejército por la masacre de El Siete, en Carmen del Atrato, Chocó, donde militares y paramilitares se concertaron para asesinar a tres civiles, el Consejo de Estado señaló que la Nación podría rendir cuentas ante tribunales internacionales.
"Cabe verificar si los hechos indicadores permiten en el proceso lógico de inferencia determinar que se verifican las situaciones de omisión, inactividad, renuncia a la soberanía territorial nacional e indefensión injustificada", señala la providencia del magistrado Jaime Alberto Santofimio.
Se trata de una determinación en la que se ordenó al comandante de la Cuarta Brigada ofrecer excusas públicas a los familiares de Guillermo Barrera Henao, Francisco Taborda Taborda y Álvaro Vásquez Giraldo, asesinados el 13 de junio de 1996, en una operación conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, entonces representadas en un grupo denominado "Dignidad de Antioquia".
La providencia instó a las entidades gubernamentales para que solicite a los organismos multilaterales de justicia que evalúe si es viable hacer un informe de la violación a los derechos humanos en este caso. Igualmente, exigió continuarlas investigaciones penales y disciplinarias existentes en contra de militares y policías involucrados en estos hechos ocurridos en 1996.
De hecho, la Fiscalía deberá rendir un informe detallado de los hechos y sus actuaciones.
También se ordenó reparar los daños morales y materiales causados a los familiares de las víctimas con el pago de más de 781 millones de pesos.
