El gobierno nacional, mediante la Ley 1324 del 2009, fijó los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados determinantes de la calidad de la educación; adicionalmente estableció algunas normas para fomentar la cultura de la evaluación, mirada con algún desdén desde las mismas instituciones de educación superior y, además, permitió de manera formal la inspección y vigilancia por parte del Estado.
La citada Ley era necesaria para poder medir el cumplimiento de objetivos y el mejoramiento continuo de las instituciones, de acuerdo con sus planes de desarrollo y educativos y para que el Estado como autoridad suprema pudiese ejercer una verdadera veeduría en un campo que durante los últimos años se ha venido a menos en cuanto a la calidad y pertinencia de sus programas para responder a las necesidades del país; ello debido a la aparición de una gran cantidad de instituciones educativas de garaje que, en vez de constituirse en un aporte a la difusión del conocimiento, se convierten en una pesadilla para un sinnúmero de jóvenes incautos que se matriculan esperanzados en la obtención de una buena preparación, pero que luego egresan con todas las limitaciones para enfrentarse a un mercado competitivo y saturado.
A pesar de sus bondades, algunos de los artículos de la mencionada Ley fueron demandados alegando vicios de constitucionalidad, pero la Corte, mediante la sentencia C-704 de septiembre de 2010, consideró que la evaluación de la educación superior no vulnera la autonomía universitaria, ni el gobierno nacional se excede en la competencia que tiene para ejercer una estricta supervisión.
Con la anterior decisión el gobierno pondrá en ejecución el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, con el fin de propender por el cumplimiento de sus objetivos y fines, a través de evaluaciones externas realizadas por pares académicos, coordinados por el ICFES; evaluaciones comparables y periódicas con metodologías uniformes practicadas a varias instituciones o personas de distintas regiones del país, o de varios países; las igualitarias que garanticen la protección y el trato al realizarlas y al dar a conocer sus resultados.
Para el éxito de las evaluaciones se tendrán como principios rectores: el de la participación de la comunidad educativa en la implementación de instrumentos y estrategias de evaluación; el de la equidad que busque romper barreras para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación con calidad y pertinencia; la descentralización de los procesos de evaluaciones; la realización de ejercicios cualitativos paralelos a los cuantitativos, que permitan leer y entender los resultados en materia de calidad. Las evaluaciones deben valorar, no sólo los contenidos académicos, sino la formación humanística del estudiante y el mercado laboral, es decir, deben medir la pertinencia; y deberán también evaluar el grado de asimilación de los conocimientos básicos exigibles tanto en el contexto nacional como internacional, que le permitan al egresado desempeñarse en un ámbito global.
La inspección y vigilancia y los parámetros para el mejoramiento de la calidad de la educación se obtendrán de los exámenes de Estado, practicados de manera obligatoria a quienes terminen la educación media y los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.
Si estos exámenes y sus correspondientes evaluaciones se acometen con la seriedad y la rigurosidad científica que ameritan, se van a constituir en una excelente herramienta para que el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales implementen los planes de mejoramiento de la calidad de la educación y para la mejor aplicación de los recursos.
Es pues muy positivo el espíritu de la norma, máxime cuando las instituciones de educación superior del país no aparecen bien posicionadas dentro del escalafón de las mejores en el contexto internacional.
Y es claro entonces que la autonomía universitaria no ha estado en ningún momento en peligro por la vigencia de esta norma, pero sí es manifiesto ese riesgo cada que se van a nombrar directivos o rectores, pues son palpables las presiones que ejercen diferentes grupos y políticos interesados en incursionar en ese ámbito, tal como está ocurriendo hoy en el ITM, donde para la elección de su rector se encuentran enfrentados diferentes corrientes e intereses muy distintos a los académicos.
