Indignación por lo perdido y por lo que solo se podrá calcular en el futuro, es lo que sienten no solo los colombianos, en general, sino también su dirigencia por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que dejó al país sin buena parte de su mar.
Muchas voces se alzaron ayer para pedir que Colombia no cumpla con el mandato del tribunal, tal como lo han hecho algunos otros estados en casos similares. Es el caso de El Salvador que se ha negado a acatar el fallo en el litigio con Honduras y Nicaragua por el Golfo de Fonseca.
El expresidente Álvaro Uribe se sumó a esas voces de "rebeldía", al indicar que el fallo "derrumba la soberanía de la patria" y además afecta los derechos sociales de los ciudadanos de San Andrés, al privarlos de ejercer la pesca en mares colombianos. "Sería un grave precedente para la Patria".
Sin embargo, el camino no parece ser otro que el de acatar el fallo.
Para el expresidente Ernesto Samper, Colombia siempre ha sido un país de leyes y de soluciones pacíficas, por lo que "el único camino que cabe, por supuesto, es el del acatamiento, lo cual no quiere decir que estemos satisfechos con la decisión".
De la misma postura es el presidente del Congreso, Roy Barreas, quien a pesar de ser partidario de acatar el fallo, instó al Gobierno a salirse del Pacto de Bogotá, que impone la obligación para resolver los conflictos a través de medios pacíficos y de forma inmediata.
Según Barreras, con esto se detendrían "los efectos perversos que pudieran derivarse de la réplica de este fallo en relación a los tratados y a las zonas limítrofes con otros países del Caribe".
Colombia en vilo por el fallo
Si Colombia desacata el fallo de la CIJ, habría graves consecuencias que van desde el rompimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua y algunos países que lo respalden hasta la probabilidad de una intervención militar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
De hecho, el presidente nica, Daniel Ortega, declaró, al conocer el rechazo de Santos, que "es un acto que muestra irrespeto total al derecho internacional, a la Corte, al pueblo colombiano y a él mismo porque había comprometido la palabra" de cumplir la decisión.
Por no haber un organismo que garantice el cumplimiento de los fallos a nivel internacional se "deja a las partes para que a través de medidas económicas como bloqueos y embargos, obliguen al otro Estado a cumplir la sentencia", indicó el profesor de Derecho Internacional de UPB, Raúl Molina.
Si esto no funcionara, Nicaragua puede acudir a la CIJ "para que Colombia cumpla vía Consejo Seguridad", señaló Ricardo Abello, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
"A los Estados no les gusta cumplir con los fallos que pierden por el orgullo nacional. Por eso es que se ha preferido cumplir, sin decir que están cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, por las acciones militares y paramilitares contra el país centroamericano, E.U. no quiso cumplir la decisión de frente, pero sí lo hizo mediante acuerdos de cooperación y amistad entre los dos países".
Los recursos ante la CIJ que podría usar Colombia son, por un lado, la revisión del fallo y, por el otro, la interpretación del mismo.
En el primero, si bien el tribunal podría revisar su decisión, para que ello ocurra se necesitaría que "aparezca una prueba que no haya sido tenido en cuenta en el proceso. Y este no es el caso", dijo Molina.
Y, con la interpretación, solo se pide aclarar algunas partes del fallo, pero no se cambia sobre lo decidido.
Y cabe recordar que Colombia dijo que rechazaba el fallo en los aspectos que tienen que ver con la delimitación marítima porque la otra parte de la decisión del CIJ reconoció la soberanía sobre los siete cayos que pretendía Nicaragua.
Fallo amargo, pero hay que cumplirlo