El Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene que certificar si las cuentas del referendo sobrepasaron los límites permitidos. La Corporación sólo se encargará de investigar si los promotores violaron la ley y serían ellos quienes recibirían las sanciones, en caso de comprobarse alguna violación a la norma.
Así lo explicó el presidente del CNE, Óscar Giraldo Jiménez, quien además se mostró partidario de votar el mismo día los tres referendos, porque eso implicaría un ahorro de 200.000 millones de pesos para el país.
Con respecto a la consulta del Partido Conservador dijo que es un absurdo cambiarla para 2010 porque le restaría posibilidades, en el tiempo, al candidato que saldría elegido.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Giraldo habló de la imposibilidad de bajar el porcentaje del censo electoral modificando el articulado de la nueva reforma política.
Se habla de tiempos preexistentes para llevar adelante el referendo. ¿Qué inconvenientes constitucionales y legales ha tenido o puede tener el referendo reeleccionista?
"Considero que la Corte Constitucional, antes del 15 ó el 16 de diciembre del presente año le da viabilidad a la ley del referendo y es posible que alcancen los tiempos legalmente establecidos. Antes de las elecciones del 2010".
El Registrador asegura que necesita tres meses para organizar la logística para votarlo. ¿Eso podría alargar más los tiempos e impedir que se pueda votar?
"El Estado ya tiene presupuestado los recursos necesarios para que a finales de enero o febrero se realice el referendo. Esto, por supuesto, contando con que la Corte Constitucional le dé la viabilidad constitucional".
¿Cree que el referendo pasará en la Corte, pese a las denuncias sobre la ilegalidad en el trámite?
"Se hace referencia a posibles vicios de forma en el trámite de la ley de referendo. Supuestamente se aprobó para el 2014 y luego en la conciliación quedó para el 2010 y son esos, precisamente, los temas más importantes que va a evaluar la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra en tal sentido".
Con respecto de las cuentas del referendo, ¿es cierto que se sobrepasaron en la financiación? ¿Qué ha pasado con la certificación que debería entregar el CNE antes de que el proyecto se tramitará en el Congreso?
"La única certificación a la que claramente hace referencia la ley es aquella que debe expedir el Registrador Nacional haciendo las veces de notario, en cuanto a que los promotores del referendo hubiesen presentado o no el balance de las cuentas de gastos en razón de la recolección de avales o firmas para respaldar la convocatoria. Una certificación que debe expedirse dentro de los 30 días siguientes a la entrega, por parte de los promotores del referendo, del citado balance. Ese requisito se cumplió. El Registrador Nacional en su momento y antes de iniciarse el trámite de la ley entregó la citada certificación".
¿Entonces, cuál es el papel que cumple el CNE o el que reclama la oposición sobre el control de la financiación del referendo? ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿O se está esperando un momento político oportuno para hacerlo?
"Es cierto que en la actualidad y desde comienzo de este año se adelanta por el CNE, un proceso administrativo sancionatorio en contra de los promotores del referendo, el mismo que surte su trámite, estando pendiente de decidir en relación con la formulación de cargos, previo al fallo absolutorio o sancionatorio. No se ha decidido en relación con la formulación de cargos, habida consideración de que está en estudio un incidente de nulidad propuesto por los implicados. Esa investigación administrativa es imposible adelantarla antes de un año. El CNE decide si procede al archivo del proceso o a una sanción consistente en multa".
Pero si este proceso fallará en contra de los promotores, ¿qué implicaciones tendría para el referendo?
"La investigación administrativa sancionatoria antes relacionada, absolutamente para nada puede incidir en el trámite legislativo del referendo y menos en la voluntad popular tendiente a la votación. Porque dicho proceso está dirigido es en contra de los promotores de la recolección de respaldos, sólo y únicamente a ellos. Eso no tiene ninguna incidencia en el trámite legislativo y es absurdo pensarlo de otra manera".
¿Si el referendo se aprueba, se aplicaría la misma Ley de Garantías Electorales vigentes actualmente?
"En este momento la Ley está vigente y mientras el Legislativo no produzca una distinta que regule la materia, rige la Ley 996 de 2005, en lo que resulte aplicable".
¿Es posible que los tres referendos (reelección, cadena perpetua a violadores y el derecho al agua potable), se voten en una misma jornada electoral?
"No necesariamente se tienen que votar en la misma fecha. Se puede hacer y eso abarataría los costos. Cada uno de los referendos tiene un costo de 120.000 millones de pesos, es decir, 360.000 millones de pesos. Si se hiciera el mismo día costarían 160.000 millones de pesos los tres".
¿En total cuánto le cuestan los procesos electorales de este y el próximo año al país?
"Incluyendo consultas, referendos, elección de Congreso y Presidente, la Nación tiene dispuestos recursos por 600.000 millones de pesos, pero si se hacen los tres referendos el mismo día el ahorro sería de 200.000 millones de pesos".
¿Es posible que el Partido Conservador tenga, exclusivamente, consulta en marzo de 2010?
"Imposible no es, pero no tiene lógica. Legalmente podría considerarse. Pero eso aumentaría los costos. No veo una consulta en marzo, pendiente de que salga un referendo. Un mes antes tendrían candidato para hacer campaña. Aquí lo que está en juego es la participación ciudadana. El ejemplo que deben dar los partidos. Además, se consultó con todos los partidos sobre la fecha".
El censo electoral en el país está inflado, dicen los uribistas. Es posible que a través de la ley estatutaria que se tramita en el Congreso se pueda depurar como así lo propusieron?
"No es necesario hacer una ley para depurar el censo electoral. Es una obligación de la Registraduría Nacional hacer la depuración año tras año. La Registraduría se descuidó y eso ha venido acumulándose por falta de recursos. La depuración del censo electoral no depende del legislador".
¿Se dice que es una estrategia de los uribistas para bajar el porcentaje del censo y garantizar el umbral en las urnas?
"Lo que corresponde es entregar los recursos solicitados, pero no alcanzarían los tiempos para hacerlo. Sería un absurdo porque la ley estatutaria solo está establecida para reglamentar los artículos 1 y 2 de la nueva reforma política, referidos exclusivamente a la reglamentación de los partidos políticos, pero no para modificar el articulado".
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