La Fiscalía, en audiencia contra los once funcionarios judiciales detenidos por corrupción, pidió medida de aseguramiento en contra del Fiscal 26 de Garantías.
Durante la audiencia, la Fiscalía le reveló al juez 52 de garantías algunas de las pruebas donde los funcionarios implicados estarían negociando libertades y beneficios en procesos judiciales.
Los demás capturados que se encuentran en audiencia son Alejandro Francisco Navas (notificador), Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26 penal municipal con función de control de garantías), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios, (oficial mayor de un juzgado), Marvi Quecano Urueña (empelado del Centro de Servicios Judiciales), Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante de derecho) y Manuel Humberto González Cuellar (intermediario).
De acuerdo con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, los delitos por los cuales estas personas deberán responder son concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias.
Lo que llevó a la captura
Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían pagado entre 500 mil pesos y 100 millones para manipular algunos procesos.
Colprensa conoció que entre las presuntas irregularidades estarían el realizar varios repartos al mismo caso con el fin de que éste llegará a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a dicho proceso.
Además, se pudo confirmar que dentro de dichos procedimientos los jueces entregaban boletas falsas de libertad para que los reclusos salieran de los centros de reclusión, aunque no cumplieran con los requisitos para hacerlo.
En el marco de la investigación, la Fiscalía cuenta con cerca de 10 testigos y varias grabaciones, que habrían ayudado a esclarecer las pesquisas y dar con la captura de los que hoy deben responder por dichas irregularidades.
Colprensa además estableció que uno de los testigos sería una de las personas involucradas en los hechos. Sin embargo, esta persona estaría colaborando con el ente acusador para esclarecer el escándalo.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta investigación nació en el ente acusador desde el año 2011. No obstante, no habrían dado con ninguna captura puesto que siempre se ‘presentaba algo que interrumpía el operativo’. En la Fiscalía están seguros de que este fenómeno no es sólo de Bogotá, sino que se presenta en otras partes del país.
