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La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía les solicitó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia investigar a varios gobernadores y oficiales en retiro por la masacre del caserío de Puerto Alvira, conocido como Caño Jabón, jurisdicción de Mapiripán (Meta), perpetrada el 4 de mayo de 1998, y en la que 39 campesinos fueron asesinados por paramilitares.
Se trata de los mayores generales Jaime Humberto Uscátegui, Freddy Padilla de León entonces comandante de la VII Brigada), Agustín Ardila Uribe excomandante de la IV división; Mario Hugo Gaitán excomandante del Ejército Nacional. Otro de los nombres es el del mayor general Rosso José Serrano Cadena quien fuera director de la Policía Nacional.
Entre los gobernadores están: Alfonso Ortiz Bautista Durán quien estaba al frente del departamento de para la época de los hechos. Además del actual mandatario Alan Jara Urzola.
La solicitud de investigación se realizó el 18 de noviembre del 2013 y la Unidad de fiscales Delegados ante la Corte Suprema la recibieron el pasado 24 de enero.
Según fuentes del ente acusador la investigación está encaminada a esclarecer el comportamiento presuntamente omisivo en que pudieron haber incurrido los altos oficiales y los mandatarios departamentales en los hechos que se dieron el 4 de mayo de 1998.
Este hecho ocurrió un año después de la conocida masacre de Mapiripán en ese mismo departamento. Se conoce que a ese caserio llegó un comando de 200 hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes acabaron con la vida de 39 personas.
De acuerdo con las investigaciones, los paramilitares hicieron salir de sus casas a los habitantes del municipio y los llevaron al parque central donde, con una lista, empezaron a llamar a los presuntos colaboradores de la guerrilla.
Luego escogieron al azar otro grupo de personas, donde había menores de edad, lo subieron a un camión y se lo llevaron. Poco después empezaron las explosiones que destruyeron la estación de gasolina, cuatro supermercados y seis viviendas. 10 personas habrían muerto incineradas en estos hechos.
El Consejo de Estado condenó a la Nación y al Ministerio de Defensa por la masacre en Puerto Alvira (Meta), al considerar que hubo actividades permisivas. Según la sentencia del alto tribunal, el 4 de mayo de 1998, los habitantes de ese sector quedaron desprotegidos, pues se dice que la masacre estaba anunciada por los Paramilitares.