La crisis que en el sector salud llegó a ser aguda en los últimos tres años, no se solucionó de forma estructural tampoco este año.
Comenzando por el propio nivel institucional, sujeto a cambios, renuncias y nombramientos, que hicieron que el nuevo Ministerio de Salud y Protección Social tuviera tres titulares en 2012, y que la Superintendencia Nacional de Salud estuviera atada a otros intereses muy distintos a los de cumplir con sus funciones.
Nada más comenzar el año, Mauricio Santamaría dejó el Ministerio para pasar a ser Director de Planeación Nacional, y asumió el cargo la entonces Viceministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, funcionaria conocedora del tema.
No obstante, la complejidad de los problemas, el desorden generalizado, los líos financieros de las EPS, el descontrol del ente controlador (la Supersalud), entre otros, sobrepasaron la capacidad política de la ministra, quien llegó a pedir "tres meses" para resolver los líos. Pero el Presidente Juan Manuel Santos prefirió buscar a otro que liderara semejante reto y escogió al economista Alejandro Gaviria, académico y estudioso de la política social.
El nuevo ministro lleva en el cargo muy poco tiempo para poder exigirle resultados, así las soluciones que los colombianos demandan no den más espera.
Recién posesionado, Gaviria anunció "lucha frontal contra la penetración de la politiquería en la salud", reconoció una crisis de confianza entre los usuarios, y dictaminó tanto problemas de coyuntura como desafíos estructurales.
En los de coyuntura, ubicó los de los flujos de recursos, las deudas crecientes y los dineros retenidos que no permiten pagar esas deudas. Y entre los estructurales, puso la mira en la red pública hospitalaria, llena de deudas y problemas, y en el diseño y la concepción misma del sistema de salud.
De allí que haya anunciado la presentación de proyectos de ley, uno de ellos de carácter estatutario, para enderezar las cargas y fijar el alcance del núcleo fundamental del derecho a la salud.
El ministro, en todo caso, ha advertido que por razones del calendario legislativo, es posible que la ley estatutaria no alcance a discutirse y aprobarse antes de junio del año entrante, por lo cual habría que dejar la propuesta para la siguiente legislatura. No obstante, deja el paso abierto a la ley ordinaria, la que definirá, precisamente, si se redefine el papel de las EPS.
En un par de ocasiones, el actual Gobierno ha dicho que ya no serían necesarias las acciones de tutela para obtener la atención en salud y el suministro de medicamentos que se incluyen el Plan Obligatorio de Salud. Lamentablemente, eso no se ha hecho realidad.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el propio ministro Gaviria, presentaron la semana pasada un estudio sobre las tutelas, que indica que casi cada nueve minutos se presenta una ante los jueces, reclamando distintos tipos de atención en salud.
No hay que olvidar que la Corte Constitucional ha asumido un papel de colegislador en la definición de la política pública en salud. Mediante sentencia de 2008 (la T-760) impartió unas órdenes sobre las que el poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas periódicamente.
Esperamos, pues, que el año entrante se enfrente de manera integral el gran problema de la salud, con todas sus aristas, y se fije una política pública de largo plazo, viable y coherente al fin.
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