Ante el juez 52 con función de garantías fueron presentados los 11 funcionarios de Paloquemao, entre los que se encuentran el juez 26, Ricardo del Cristo Rodríguez, y el juez 38 Francisco Javier Barbón, los dos penales municipales con función de control de garantías, por su presunta participación en irregularidades dentro del centro de servicios del complejo.
Durante la audiencia, que se desarrollará durante la noche de este jueves, se estima que la Fiscalía les impute siete delios y solicite medida de aseguramiento en contra de estas personas.
La misma solicitud se realizará para los demás capturados se tratan de Alejandro Francisco Navas (notificador), Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26 penal municipal con función de control de garantías), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios, (oficial mayor de un juzgado), Marvi Quecano Urueña (empelado del Centro de Servicios Judiciales), Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuellar (intermediario).
De acuerdo con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, los delitos por los cuales estas personas deberán responder son concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias.
Lo que llevó a la captura
Muy temprano, en el complejo judicial de Paloquemao, uniformados de la Dijin de la Policía Nacional hicieron efectivas las capturas de 11 personas por presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el centro de servicios del complejo judicial.
Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían pagado entre 500 mil pesos y 100 millones de pesos para manipular algunos procesos.
Se conoció que entre las presuntas irregularidades estaría el realizar varios repartos al mismo caso con el fin de que éste llegará a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a dicho proceso.
Además, se pudo confirmar que dentro de dichos procedimientos los jueces entregaban boletas falsas de libertad para que los reclusos salieran de los centros de reclusión, aunque no cumplieran con los requisitos para hacerlo.
Según el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también se investiga la posible entrega de millonarias sumas de dinero a los funcionarios, “se trata de un hecho grave de corrupción al interior de la rama jurisdiccional, debido al mismo interés que manifestó el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa de solicitar investigaciones”, dijo.
En el marco de la investigación, la Fiscalía cuenta con cerca de 10 testigos y varias grabaciones, que habrían ayudado a esclarecer las pesquisas y dar con la captura de los que hoy deben responder por dichas irregularidades.
Además se estableció que uno de los testigos sería una de las personas involucradas en los hechos, sin embargo, esta persona estaría colaborando con el ente acusador para esclarecer el escándalo.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta investigación nació en el ente acusador desde el año 2011, sin embargo no habrían dado con ninguna captura puesto que siempre se ‘presentaba algo que interrumpía el operativo’. En el ente investigador están seguros que este fenómeno no es solo de Bogotá, sino que en más partes del país también se estaría presentando.
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