Las denuncias que por años hicieron campesinos del Urabá antioqueño y chocoano contra algunos terratenientes que se habrían aliado con paramilitares para apoderarse de algunas de las mejores tierras del país empiezan a tener eco en el Gobierno Nacional y las autoridades.
Tras una reunión con representantes de víctimas de Urabá en la que se analizaron siete asesinatos y amenazas contra líderes y víctimas (reclamantes de tierras), el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, notificaron a la Fiscalía los nombres de personas que pertenecerían a bandas criminales en Urabá y que estarían señaladas de cometer algunos de los homicidios.
A través del oficio 10-00089707, dirigido al fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, los altos funcionarios del Gobierno informaron al ente investigador que entre las personas denunciadas se encuentran Arley Úsuga Torres, alias "Juan Carlos" o "El Sarco" y Derley Úsuga Torres, alias "Nicolás".
De acuerdo con las denuncias de representantes de víctimas del despojo de tierras de Urabá, ambos hombres serían desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas de las Auc y serían los supuestos homicidas del líder Albeiro Valdés Martínez y del asesinato del campesino Hernando Pérez Hoyos, el pasado 19 de septiembre en El Totumo, Necoclí.
El 19 de septiembre pasado, tras la muerte de Pérez, ocurrida horas después de asistir a un acto de restitución de tierras en Turbo, habitantes de la zona señalaron a los Úsuga como integrantes de la banda Águilas Negras y responsables de abordar a los desplazados y luego asesinarlos.
En el caso de Albeiro Valdés, quien apareció muerto el 10 de mayo pasado en una platanera de Turbo, el vicepresidente Angelino Garzón pidió a las autoridades esclarecer su extraña muerte.
"Hay versiones contradictorias en el acta de levantamiento del cadáver. En el informe de necropsia, el primer certificado de defunción califica la muerte violenta y un segundo la califica como en investigación", señala el oficio enviado a la Fiscalía.
Ese segundo dictamen forense, que atribuye a un edema pulmonar la muerte de Valdés, es rechazado por la Asociación de Víctimas, que denunció que "Valdés fue citado el día de su muerte por paramilitares".
Terratenientes investigados
El oficio del vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también pide investigar a terratenientes de Urabá, señalados como supuestos autores intelectuales de varios asesinatos de desplazados.
"Con los casos del corregimiento El Totumo, de Necoclí, están relacionados Jairo Humberto Echeverry Bedoya, reconocido como 'El Alcalde'; Julio Arcesio Gómez Durango y Aicardo Ardila Hoyos. Los dos primeros que ostentan tierras que han sido denunciadas por las víctimas como despojadas por Carlos Ardila Hoyos, alias Carlos Correa y Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'". Correa (fallecido) y Rendón Herrera (en prisión) son reconocidos ex jefes paramilitares en Urabá.
La carta enviada a la Fiscalía, dice, además, que "en la región de Blanquiceth, en Turbo, José Vicente Cantero ha sido denunciado en múltiples ocasiones por las víctimas, como perteneciente al paramilitarismo y supuestamente por haberse apropiado de tierras de manera violenta y fraudulenta. Juan Jiménez Vertel fue asesinado cuando adelantaba litigios comerciales en su contra. A Cantero, igualmente, se le vincula con la autoría intelectual del homicidio de Benigno Gil Valencia, según las víctimas".
A Jairo Humberto Echeverry Bedoya, desplazados por paramilitares en Necoclí lo vinculan con el asesinato del líder Albeiro Valdés, supuestamente por un litigio que sostenía con Echeverry, poseedor de una finca en la vereda El Tigre, de Necoclí, que reclamaba el desplazado desde 1995.
Valdés, en noviembre de 2009, recibió el título de propiedad a través del Proyecto Restitución de Bienes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).
Tres días después denunció las amenazas que según declaró, provendrían de Echeverry, a quien relacionó con presuntos ex paramilitares, que habrían retornados a las armas.
A raíz de esa denuncia, por intermedio de la Cnrr y a instancias del propio ex vicepresidente Francisco Santos, altos mandos de la XVII Brigada y representantes de la OEA, se logró una conciliación en la que Echeverry se comprometió a no hacer nada contra el campesino y respetar su propiedad sobre la tierra.
Pero Albeiro Valdés solo disfrutó de ser dueño de su finca seis meses. El pasado 10 de mayo de 2010 fue encontrado muerto en Turbo.
La historia de despojo no terminó con su extraña muerte, que ahora pide esclarecer el Gobierno. El 25 de junio, en una decisión demandada, la Alcaldía de Necoclí le devolvió un predio de 35 hectáreas a Jairo Humberto Echeverry Bedoya, el mismo terreno que en noviembre de 2009 le habían restituido a Valdés, dice el informe oficial.
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