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Gobierno español descarta rescate económico

  • Gobierno español descarta rescate económico
27 de julio de 2012
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El Gobierno español, a través de su vicepresidenta y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que la opción de un rescate a España "está descartada".

"No va a haber rescate ni el rescate es una opción. La opción del rescate está descartada", afirmó la vicepresidenta en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros ante las informaciones acerca de que España podría haber negociado un rescate con sus socios europeos.

Varios medios recogen una información que sostiene que el ministro español de Economía, Luis de Guindos, reconoció esta semana a su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble, que España necesitaba un rescate de 300 mil millones de euros si los costes de la deuda se mantenían en niveles insostenibles.

La número dos del Ejecutivo español fue preguntada en la conferencia de prensa sobre ese tema y sobre si había sido abordado en las reuniones que mantuvo esta semana De Guindos con otros responsables económicos europeos.

La vicepresidenta se refirió al encuentro del martes entre De Guindos y Schäuble para señalar que los dos ministros ya informaron del contenido del mismo.

El ministro español de Economía aseguró por su parte el jueves que "nunca" consideró "la más mínima posibilidad" de un rescate de España, un país al que calificó de "solvente", con un Tesoro Público que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo.
 
Endurecen penas contra empleo irregular y fraude
El Gobierno español aprobó un proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, así como la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas así como el engaño fiscal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó ese proyecto de ley que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" mediante un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Para ello, una de las principales medidas será ampliar de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación laboral, "a veces difíciles de perseguir y descubrir", dijo la también portavoz del Gobierno.

Además, dejará de ser posible la reducción de las sanciones cuando la cuota liquidada no supere la sanción propuesta para evitar la reducción cuando la cuantía es muy elevada.

Se va a potenciar la colaboración de la inspección de trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas, como el consejo general del notariado. Se amplía también el plazo de actuación de la inspección en los casos de gran complejidad, añadió la vicepresidenta.

Así, por ejemplo, será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y las vacaciones devengadas y no disfrutadas.

Penas más duras
Muy grave pasará a considerarse el empleo de trabajadores que están en suspensión de contratos o con ocupación de jornada completa cuando tienen autorizada una reducción de jornada, o comunicar fuera de plazo datos relevantes a la seguridad social. En este caso, la sanción será mayor cuantos más trabajadores perjudique.

Para Sáenz de Santamaría, será un "cambio en la mentalidad de lo privado" para "acabar en España con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo".

También se quiere terminar con ese tipo de persona "que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro (ayuda al desempleo) a la vez con los impuestos de los españoles", algo que "no es admisible en ningún momento" pero menos en el actual de grave crisis económica, señaló.

"Nadie puede ir de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones", recalcó la vicepresidenta, quien recordó que el proyecto de ley se envía ahora al Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) para su discusión en el próximo periodo de sesiones.

Para Sáenz de Santamaría, quien lleva a cabo estas prácticas "perjudica los derechos sociales y laborales de los trabajadores" y "es un claro ejemplo de competencia desleal entre empresas".

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