El Gobierno Nacional radicó ayer, ante la Secretaria General de la Corte Constitucional, un documento de aclaración y adición del Auto del 18 de mayo de 2010, con el que el máximo tribunal suspendió la entrega de tierras a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó.
Esa entrega estaba prevista para el pasado 19 de mayo, por parte del Gobierno.
En un comunicado público, el Gobierno informó que "se solicitó al Alto tribunal la designación de una persona natural o jurídica que actúe como secuestre judicial y se encargue de la recepción de las tierras y la entrega de las mismas a los representantes de las comunidades negras, la cual debe actuar de la manera que señale la Honorable Corte Constitucional y mantener informados tanto al Ministerio del Interior y de Justicia como a la Corporación".
Agregó el Gobierno que junto a este documento se entregaron el Informe General del Proceso de Deslinde de Curvaradó y Jiguamiandó elaborado por el Incoder, copias de los diferentes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Informe del censo de las comunidades de los Consejos Mayores de las cuencas de los ríos de Jiguamiandó y Curvaradó. Además, el plan de acompañamiento y fortalecimiento a los Consejos Comunitarios preparado por los Ministerios del Interior y de Justicia, Agricultura, la Alta Consejería para la Acción Social e Incoder.
"El Ministerio del Interior y de Justicia reitera que solo existe una Junta Directiva elegida por la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, la cual es reconocida por la Alcaldía de Carmen del Darién y registrada por la cartera del Interior, conforme al decreto 1745 de 1995 y el 3770 del 2008. Al día de hoy este despacho no tiene conocimiento de una nueva Junta...", se señala en el comunicado.
El Gobierno Nacional señaló que busca con esta solicitud garantizar la entrega material de las tierras a las comunidades negras.
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